El grupo municipal de Asciz y un grupo de familias compradoras del plan de vivienda pública en la zona de El Payán han exigido hoy la intervención de las tres administraciones implicadas (Estado, Principado y Ayuntamiento de Oviedo) para presionar a la empresa promotora afincada en Madrid Esfinge, a fin de que devuelva el dinero que los clientes adelantaron por unos pisos que finalmente no se han construido. Las cantidades oscilan entre los 14.000 y los 27.000 euros. La entidad recibió 1.200.0000 euros de subvención para urbanizar la zona.

El concejal de la Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda (Asciz), Roberto Sánchez Ramos, ofreció hoy una rueda de prensa junto a siete de los afectados, algunos de los cuales ofrecieron su versión de los hechos.

Se trata de personas que en 2008 compraron una de esta viviendas anunciadas en un Plan de VPA (Viviendas de Protección Autonómica). Todos ellos tuvieron que pagar una reserva, una entrada y varias cuotas mensuales. La suma en el mejor de los casos, como el de Pelayo Suárez, es de 14.000 euros, y en el peor, como el de Javier Díaz, llega hasta 27.000. Según explicó este último, la empresa fue aludiendo a razones de dificultad económica para edificar los cuatro bloques de viviendas anunciados. Finalmente no se construyeron.

Todos los afectados aseguran que la empresa, desde junio, no da más respuesta que una próxima visita de sus representantes a Asturias. "Decían que iba venir en septiembre, pero septiembre se acabó ayer", alega Noemí Rodríguez, otra de las compradoras.

Sánchez Ramos recuerda que el Ministerio de Vivienda dio una subvención de 1.200.000 euros para la urbanización del terreno, la Consejería de Vivienda del Principado entregó el suelo y el Ayuntamiento lo recalificó, motivo por el que exigió la intervención de las tres administraciones.

"No se les puede pedir a esta gente que acuda a la justicia ordinaria, porque un proceso judicial cuesta para empezar entre 4.000 o 6.000 euros", añadió el concejal.

Por este motivo ha remitido una carta a la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, al presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, a la consejera de Vivienda, Noemí Martín, y al alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo exigiendo su intervención.

Se desconoce actualmente el número de afectados. Los movilizados por la causa son entre 15 y 20 familias, pero hay constancia de que fueron muchos más los que iniciaron los trámites de compra. Recordó el edil que muchos de ellos, al ver cancelado el proyecto, iniciaron otros procesos de compra en otros planes de vivienda, para los que "contaban con este dinero que se les adeuda".