Junta lleva desarrollados proyectos de obras mediante colaboración público-privada por más de 2.500 millones

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, destacó que lleva desarrollados proyectos de obra pública y otros que se pretenden licitar en los próximos meses mediante la colaboración público-privada por valor de más de 2.500 millones de euros y precisó que estos proyectos deberán pasar por la Intervención General del Estado.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, destacó que lleva desarrollados proyectos de obra pública y otros que se pretenden licitar en los próximos meses mediante la colaboración público-privada por valor de más de 2.500 millones de euros y precisó que estos proyectos deberán pasar por la Intervención General del Estado.

La consejera, que destacó el "altísimo" volumen de inversión pública por parte de la Junta, precisó que "si se tuviera dinero no se emplearían estas fórmulas", tras lo que aseguró que la colaboración público-privada "no sale gratis al empresario y la inversión tiene retorno".

Martínez Aguayo afirmó hoy en su comparecencia en la comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento andaluz que "la colaboración público-privada es una buena opción para que fluya el crédito y para que se ejecute obra pública, es decir, para impulsar la actividad económica en Andalucía".

La responsable de Hacienda recordó en comisión parlamentaria que en el Presupuesto para 2010 la Junta de Andalucía mantiene una línea de colaboración en la ejecución de las inversiones que se llevan a cabo por colaboración público-privada. Así, recordó que el conjunto de proyectos que estaba previsto financiar y llevar a cabo mediante esta fórmula de financiación se recogió en el anexo de inversiones del Presupuesto de la Comunidad para 2010, individualizados como inversiones con financiación específica.

La consejera enumeró la situación de estos proyectos, de forma que el contrato del edificio administrativo Bermejales, en Sevilla, ha sido adjudicado y movilizará una inversión por importe de 62 millones de euros; en los proyectos de la Ciudad de la Justicia de Córdoba y el edificio Torreponiente se le han ultimado los pliegos del contrato y los modelos económico-financieros, siendo en estos casos los presupuestos de inversión previstos se elevan a 53,3 y 77,5 millones de euros, respectivamente.

En cuanto a los proyectos de obras públicas, en cuatro proyectos de concesiones de carreteras —la de Iznalloz-Darro y los tres tramos de la autovía del Olivar— se ha realizado el estudio de viabilidad y se ha publicado a efectos de recibir las alegaciones de las partes interesadas. Los recursos de inversión movilizados por esos cuatro proyectos ascienden a 733,4 millones de euros.

El proyecto del Metro de Granada se ha reestructurado para financiarlo mediante cooperación pública-privada, y se ha ultimado toda la documentación, de forma que la inversión que se moviliza es de 470,3 millones de euros.

Por último, en materia de puertos deportivos existen dos con el proyecto redactado, Marbella (Málaga) y Carboneras, en Almería, y se están ajustando los pliegos, "para hacerlos más atractivos desde el punto de vista financiero", y los estudios de viabilidad, estas iniciativas supondrán 100 millones de euros de inversión.

Todos estos proyectos de obra pública y otros de esta área que se pretenden licitar en los próximos meses, se elevan a más de 2.500 millones de euros, según afirmó la consejera, quien, por otro lado, precisó que en materia de depuradora de aguas residuales se están ultimando los proyectos y destacó en general el "importante número de proyectos que están avanzados".

En otro momento explicó que la fórmula de colaboración público-privada "puede erigirse en una de las mejores y más eficaces herramientas en el actual escenario económico, de forma que se sitúa así a la iniciativa privada como motor de la recuperación". Precisó que el modelo es fundamentalmente, el de la financiación y gestión de infraestructuras en régimen de concesión de obra pública.

Con esta fórmula de inversión se consigue, en su opinión, "mantener un ritmo elevado de inversiones públicas, especialmente en el ámbito de las infraestructuras, con el fin de mejorar el entorno económico a las empresas locales y atraer a las procedentes del exterior".

Por último explicó que, también se consigue la estabilidad presupuestaria "ya que estas operaciones permiten diferir en el tiempo el impacto sobre las cuentas públicas, limitando la posible generación de déficit público en un ejercicio y acomodando el ritmo de amortización al de la utilización de la infraestructura".

"brindis al sol" y "tomadura de pelo"

El diputado del PP Salvador Fuentes, consideró que esta fórmula de colaboración público-privada "es un desplegable en el centro del cuento de los presupuestos, que no parece que vaya hacia adelante ni que avance y que se ha caído a pedazos, se han cargado este invento que es un brindis al sol y una pantomima".

Fuentes definió esta fórmula como "artículos propagandísticos para anunciar unas inversiones que no se van a hacer, pintando el muñeco en una auténtica tomadura de pelo, pues en 2010 estaban previstos 184 millones mediante este instrumento y no se ha hecho nada, no hay ni una obra nueva".

Agregó que la colaboración público-privada "supone un recorte de inversiones públicas en inversiones y en servicios sociales para 2010 y 2011".

"La Junta sabía que el Gobierno recortará el presupuesto y que ese mecanismo chocaba con los tiempos que corren, con la dificultad de las empresas de acceder al crédito", aseveró el diputado popular, quien añadió que los consejeros "hicieron itinerarios por Andalucía anunciando inversiones que no iban a llegar; son viejas promesas y nuevos incumplimientos" y demandó información sobre el coste público de estas iniciativas.

"coste para el ciudadano"

El diputado de IU Pedro Vaquero se mostró contrario a este tipo de fórmulas de colaboración público privada aunque comprendió la situación económica, ante lo que recordó que el sector privado "está igual de endeudado y advirtió de que este tipo de instrumentos "puede generar una mayor concentración de poder económico y político en manos de personas y corporaciones privadas que no son los elegidos por los ciudadanos".

Vaquero, para el que este tipo de colaboración "es una mala vía", se mostró escéptico sobre "el coste para el ciudadano" de la colaboración público privada y consideró que el dinero público "estaría mejor preservado si no se recurre a este tipo de instrumentos"

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