Investigan al presidente de la Audiencia de las Palmas por un supuesto caso de "favores judiciales"

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado abrir diligencias previas para investigar la supuesta comisión de hechos delictivos por parte del presidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín y Martín.

Según un comunicado hecho público el miércoles por el TSJC, la Sala de lo Penal del alto tribunal canario se ha declarado competente para investigar los hechos debido a la condición de aforado del magistrado.

El juez será investigado por unos supuestos  "favores judiciales" a individuos implicados en un caso de narcotráfico, según informa RNE.

El TSJC ha designado como instructora del asunto a la magistrada que por turno le corresponde, Carla Bellini Domínguez, y ha comunicado su resolución al Consejo General del Poder Judicial y a su servicio de Inspección.

El presidente de la Audiencia de Las Palmas se encuentra hoy en Puerto del Rosario, la capital de Fuerteventura, celebrando juicios, según fuentes judiciales. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Castro, declinó hoy hacer declaraciones sobre las diligencias previas abiertas al presidente de la Audiencia de Las Palmas.

El pasado viernes, el diario "La Provincia" reveló que el TSJC había recibido el auto de un juez instructor, que investigaba un caso de supuesto tráfico de influencia, en el que se ponía de manifiesto la existencia de indicios sobre la supuesta implicación del presidente de la Audiencia en un asunto de "favores judiciales".

Martín y Martín, que preside la Audiencia de Las Palmas desde el año 2003 y es natural de Santa Cruz de La Palma, es el representante en Canarias de la Asociación Profesional de la Magistratura y se presentó por este colectivo en el 2005 como candidato a la presidencia del TSJC.

Como presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas y de su sección primera, Martín formó parte del tribunal que en diciembre del 2003 condenó por cohecho al entonces presidente del Cabildo de Lanzarote Dimás Martín por la compra de un voto a un concejal del PP en 1995.

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