El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Álvaro Miranda, ha dicho que el Ejecutivo decidió asumir la iniciativa para construir el Circuito de Velocidad de Los Arcos en el momento en que se desencadenaba la crisis económica y para asegurar la ejecución de esta infraestructura en un momento complicado para el sector inmobiliario.

Álvaro Miranda ha dicho en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Navarra, donde ha comparecido a petición del PSN, que "el proyecto que empezó en 2007 en un momento excelente de la economía como una iniciativa fundamentalmente privada se fue complicando de manera que en los primeros meses de 2008 el Gobierno de Navarra comenzó a preocuparse seriamente por la evolución financiera de este proyecto".

Así, ha explicado que "el desencadenamiento de la inminente y grave crisis económica, especialmente en el sector inmobiliario, alertó al Gobierno de Navarra sobre la posible inviabilidad del proyecto por pérdida suficiente de capacidad financiera para el promotor privado".

Por ello, Miranda ha asegurado que "el cambio de papel del Gobierno de Navarra en esta iniciativa fue directamente motivado por los primeros efectos de la incipiente crisis económica" y ha justificado así que la sociedad pública Sprin pasara de controlar el 45 por ciento del proyecto al 95 por ciento. "Si no hubiéramos estado en estas circunstancias, muy probablemente el Circuito de Los Arcos se hubiera desarrollado según lo previsto con iniciativa de matriz eminentemente privada", ha dicho.

Sin embargo, Miranda ha explicado que, en un contexto de crisis, "el Gobierno previó que esta interesante iniciativa de carácter privado, con participación pública minoritaria, de indudable impacto socioeconómico en Navarra, estaba posiblemente abocada al fracaso por falta de recursos financieros", por lo que decidió actuar.

El consejero de Economía ha añadido que "es cierto que en aquel momento había otra alternativa, parar el proyecto, pero esta opción ni siquiera la Cámara de Comptos la respalda, ya que para entonces se llevaba casi un año de obras en el circuito y el Gobierno de Navarra creía que esta infraestructura era buena y también este Parlamento lo creyó".

Así, Miranda ha dicho que "el Gobierno adoptó en su momento las decisiones que había que adoptar, de forma decidida pero de forma responsable, con conocimiento público y de forma plenamente legal". "Si no se hubiera actuado así, muy probablemente ahora los navarros tendrían una obra a medio hacer, un gasto público desperdiciado y una estructura dinamizadora de nuestra economía en espera de realización", ha defendido.

El consejero ha realizado estas consideraciones en una comparecencia en la que ha repasado el informe de la Cámara de Comptos, del que ha destacado en diferentes momentos que no advierte en ningún momento que el Ejecutivo foral cometiera ninguna ilegalidad.

Auditoría de comptos

El informe de Comptos explica el proceso por el que la iniciativa empresarial del grupo Samaniego se convirtió en un proyecto conjunto con la empresa pública Sprin que, si bien inicialmente tenía una participación minoritaria, pasó a controlar el 95 por ciento del capital del circuito. Además, la inversión prevista pasó de 21 millones a 62,6 millones.

Igualmente, Samaniego ha construido el circuito y ha ejecutado las obras de urbanización, ha obtenido ventajas al adquirir las unidades de aprovechamiento a la sociedad Circuito de Los Arcos S.L., y mantiene un derecho de opción de compra sobre las participaciones de la sociedad Circuito de Los Arcos.

El presidente de Comptos, Helio Robleda, explicó la semana pasada en el Parlamento que "estos cambios y los habidos en la participación de los socios en la empresa se producen, en parte, en el marco de una negociación entre socios de una empresa privada, por lo que es fácil colegir que esta forma de actuar dista mucho de la tradicional de la Administración y no puede medirse con parámetros habituales".

El consejero de Economía ha dicho que este proyecto es "singular", puesto que es la primera y única vez que Navarra construye un circuito de velocidad, y ha resaltado que el Gobierno foral "siempre actuó dentro de la legalidad y, aún siendo una operación compleja y cambiante, mantuvo informado a la opinión pública y al Parlamento sobre el alcance de la misma".

Críticas de la oposición

En respuesta la intervención del consejero, el portavoz del PSN, Juan José Lizarbe, se ha mostrado crítico con la gestión del Gobierno de Navarra y se ha preguntado "dónde queda la libre concurrencia" para que las empresas pudieran optar a la construcción de esta obra. "Hay más empresas que Samaniego en Navarra", ha dicho, para recordar que Samaniego se adjudicó a sí misma las obras cuando todavía era mayoritaria en el proyecto y tan solo 17 días después la iniciativa pasó a manos de Sprin.

Juan José Lizarbe ha dicho que "a día de hoy, después de oír las palabras del consejero, seguimos pensando que hay zonas oscuras, menos oscuras que la semana pasada, y sobre todo seguimos manteniendo dudas razonables sobre una forma de gestión muy cuestionable".

Desde Nafarroa Bai, Txentxo Jiménez ha afirmado que el Gobierno, "en acción o en omisión, ha hecho una ingeniería para diseñar todo esto de forma que quede fuera del control público y fuera de verse obligado a cumplir todos los requisitos que se establecen en la ley de contratos".

Así, ha dicho que "nos hemos encontrado que viene un señor a montar una iniciativa de seis millones y se ha ido con una obra ejecutada de 40 millones, con todos los aprovechamientos urbanísticos generados en torno al circuito debajo del brazo y con una opción de compra del 50 por ciento, y nosotros hemos abonado 60 millones de euros por algo que al Gobierno ni se le había ocurrido".

Desde CDN, José Andrés Burguete ha subrayado, citando a Comptos, que en este proyecto "no hay ilegalidades, se hace dentro del marco de la legalidad, otra cosa es que el marco de la legalidad sea insuficiente para contemplar situaciones como las que se han utilizado en el desarrollo del circuito, y eso lo ha dicho también Comptos".

Burguete ha dicho que ha "echado en falta" en la intervención del consejero que hiciera referencia a la posición del Gobierno ante las recomendaciones que había ofrecido Comptos tras la ejecución de este proyecto.

Por parte de Izquierda Unida, Ion Erro, ha afirmado que, pese a que Miranda "se vanagloria" de que la Cámara de Comptos no ve ilegalidades, el informe dice literalmente que "este tipo de operaciones tienen difícil encaje en la normativa tradicional".

Ion Erro ha agregado que "si no es por la Cámara de Comptos este Parlamento no se entera de lo que está haciendo un Gobierno en minoría, con lo que nos suspende a los grupos de la oposición en nuestro papel de fiscalización que estamos haciendo y es algo sobre lo que también tendremos que reflexionar".

Apoyo de upn al gobierno

Desde UPN, el portavoz Carlos García Adanero ha defendido que "esta era una buena inversión para Navarra y que iba a contribuir su desarrollo" y ha destacado que el informe de Comptos "no tiene nada que objetar a todo el proceso de esta inversión, porque todo cumple con la legalidad vigente".

No obstante, el parlamentario regionalista ha reconocido, al igual de Comptos, que "se trata de una cuestión no habitual, pero todos llegamos a la conclusión que no es habitual que la Administración haga un circuito de carreras".