La Policía Nacional de Murcia ha desarticulado una organización internacional dedicada al tráfico ilícito de vehículos de alta gama, como Mercedes, Audi o BMW, que robaban o adquirían con un valor muy bajo en Hungría para después venderlos en España a precios competitivos.

La operación 'Despacho', que continúa abierta y bajo secreto de sumario, se ha saldado con la detención de seis personas, cinco de ellas de nacionalidad húngara, y una quinta, española, en las localidades alicantinas de San Juan y Torrevieja durante esta semana.

Así lo ha dado a conocer este martes, en rueda de prensa, el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, acompañado del jefe superior de Policía, Carlos Llorente, quienes han precisado que hasta el momento, se han recuperado diez vehículos, además de que han sido localizado unos 40 más, todos ellos con una media de valor de unos 50.000 euros.

Las investigaciones comenzaron en abril del pasado año, cuando en la Región de Murcia se interceptó un vehículo, procedente de Hungría, con las placas de matrículas falsificadas y el número de bastidor alterado. De ahí, que se detectara un punto de compraventa de coches en esta Comunidad, puesto que se averiguó que había sido sustraído en su país de origen y vendido posteriormente en dicho punto.

De este modo, los agentes constataron que la tramitación de los permisos y autorizaciones necesarias para su importación y venta habían sido llevadas a cabo por un grupo de ciudadanos húngaros asentados en las localidades de Orihuela y Torrevieja.

Una vez analizaron sus pautas de actuación, se comprobó que estos individuos utilizaban documentos de identidad falsos y otra documentación igualmente fraudulenta para llevar a cabo los trámites de regularización de los vehículos en España. '

Modus operandi'

En concreto, el 'modus operandi' de la red consistía en robar o adquirir a precios muy bajos estos vehículos a los propietarios de Hungría, que a su vez estafaban a las compañías aseguradoras, para lo que denunciaban falsos robos.

Por su parte, los detenidos se valían de documentos de identidad falsos para regularizar los automóviles en España, para lo que alteraban convenientemente los números de bastidores para ponerlos a la venta en España a precios muy competitivos, que adquirían "de buena fe" los clientes de concesionarios de vehículos de ocasión.

Para ello, el único español integrantes de la red se encargaba de realizar los trámites en las oficinas de Inspección Técnica de Vehículos, Jefatura Provincial de Tráfico y Delegación de Hacienda correspondientes; además de buscar a posibles compradores a través de establecimientos de compraventa de coches.

El resto de miembros de la organización se ocupaba de adquirir estos vehículos en Hungría, trasladarlos hasta España, y llevar a cabo las falsificaciones documentales y alterar los bastidores y placas de matrículas.

Fundamentalmente, la red se abastecía de vehículos sustraídos en Hungría y en menor medida, también obtenían los coches mediante un acuerdo con sus legítimos propietarios, a los que le compraban por un importe inferior a su valor real, comprometiéndose éstos a borrar cualquier elemento que permitiera identificar el vehículo y a su propietario. De este modo, los dueños podían denunciar el robo y obtener la indemnización correspondiente por parte de las compañías de seguros.