La defensa de los agentes de la Guardia Civil acusados de un presunto delito de cohecho ha alegado este lunes ante los miembros del tribunal de jurado que no existió "dejación de funciones" en el comportamiento de sus patrocinados ya que, ha sostenido, no recibieron caja de gambas alguna por parte de la tripulación del barco de bandera argelina 'Sar Abadis' cuya cámara frigorífica fue, además, precintada.

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press el letrado Manuel Hernández tras la celebración primera sesión de la vista oral en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería contra J.M.G.L., J.S.G. y un tercer procesado de nacionalidad cubana que se halla en paradero desconocido, P.C.E., y a la espera de que ambos números presten declaración este martes. El tribunal de jurado esta presidido por el magistrado Juan Ruiz Rico.

Frente a lo sostenido por el fiscal en su escrito de acusación, en el que pide para cada uno de los agentes destinados en el puerto de Carboneras tres años de inhabilitación por supuestamente no precintar el pesquero argelino a cambio de dos cajas de gambas valoradas en 300 euros, la defensa asegura que fue el mecánico del barco y compatriota de P.C.E. quien se las regaló a este último, que, a su vez, "como pasa en los sitios pequeños donde llevas más de diez años trabajando", dio parte a los guardias civiles.

En esta línea, Hernández remarca que la "única prueba de cargo" contra su patrocinado es "una grabación telefónica cuya transcripción no ocupa ni medio folio" ya que el 'Sar Abadis' "no portaba cargamento alguno y se encontraba amarrado a muelle para reparación" al tiempo que señala que en una pequeña cámara frigorífica, que fue "precintada", se guardaban "siete pequeñas cajitas de gambas para el propio sustento de la tripulación".

Las intervenciones telefónicas a que las alude el abogado defensor, y de las que deriva la presente causa, se autorizaron por el Juzgado de Instrucción número 2 de Vera durante la denominada operación 'Mamola', que se saldó en abril de 2007 con la detención de 39 personas, entre ellos tres guardias civiles, y la intervención de alrededor de 20 toneladas de hachís en varios barcos pesqueros. Los dos números procesados son ajenos, sin embargo, a esta actuación.

El escrito del Ministerio Público, al que tuvo acceso Europa Press, considera a ambos funcionarios autores de un delito de cohecho en una causa por la que está acusado un tercero en calidad de cooperador necesario ya que ideó de "común acuerdo con los agentes" tomar en beneficio propio parte de la carga del buque bajo la amenaza de dar cuenta de su presencia en puerto y precintar la mercancía.

Según el relato del fiscal, el 9 de enero de 2007 arribó al puerto de Carboneras el barco 'Sar Abadis' con una cantidad no determinada en su bodega de cajas de crustáceos que tacha de "susceptibles de ser vendidas fuera de los cauces reglamentarios en territorio español". Ese día, los agentes J.M.G.L. y J.S.G., destinados en el Resguardo Fiscal, acordaron, con "omisión de sus obligaciones", destaca, el plan a través del tercer acusado, P.E.C.

Omisión de obligaciones

A las 12,10 horas del 10 de enero, se personaron en el barco los dos guardias civiles acompañados de un mecánico empleado de P.E.C. y, "en lugar de cumplir con sus obligaciones", instaron a la tripulación del buque a que le entregasen dos cajas de gambas a cambio de no comunicar su presencia a las autoridades aduaneras y precintar la mercancía.

Tras conseguir lo que pretendían, el empleado recogió las cajas y las transportó hasta una furgoneta propiedad del tercer acusado, de donde, poco después, fueron recogidas por los agentes, que se las repartieron entre ambos. En las actuaciones se incluyen varias conversaciones telefónicas que uno de los agentes mantiene con P.E.C. a bordo del barco para comunicarle que la tripulación es reticente al entregarle las cajas de gamas.

El fiscal solicita para los funcionarios, además de los seis años de inhabilitación, el pago de sendas multas de 500 euros como presuntos autores de un delito de cohecho mientras que para el tercer acusado pide multa de 400 euros y dos años de inhabilitación al estimar que actuó como cooperador necesario.