CCOO-A y UGT-A se oponen a los recortes en VPO y exigen a la Junta su rechazo y que no negocie a la baja

CCOO-A y UGT-A han exigido a la Junta, tras conocer las propuestas de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de cara a la reunión con el Ministerio del ramo para abordar los recortes del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, que "no negocie a la baja" los recortes anunciados por el Ministerio, sino que defienda "con la máxima firmeza" el cumplimiento del Plan Estatal y el convenio de colaboración de 22 de mayo de 2009, que la Junta tiene firmado con el Ministerio para la aplicación y ejecución del Plan Estatal de Vivienda, en el que se establecen los recursos que llegarán a Andalucía durante este Plan, que ascienden a 1.440 millones.

CCOO-A y UGT-A han exigido a la Junta, tras conocer las propuestas de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de cara a la reunión con el Ministerio del ramo para abordar los recortes del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, que "no negocie a la baja" los recortes anunciados por el Ministerio, sino que defienda "con la máxima firmeza" el cumplimiento del Plan Estatal y el convenio de colaboración de 22 de mayo de 2009, que la Junta tiene firmado con el Ministerio para la aplicación y ejecución del Plan Estatal de Vivienda, en el que se establecen los recursos que llegarán a Andalucía durante este Plan, que ascienden a 1.440 millones.

En una nota conjunta, las organizaciones sindicales han emplazado a la Consejera de Vivienda a que defienda los recursos para Andalucía, tanto política como legalmente, en caso necesario, "ya que el convenio es un instrumento de naturaleza jurídica a cuyo cumplimiento están obligadas ambas partes y es el contrato que tiene firmado el Ministerio de Vivienda con Andalucía para la ejecución en nuestra de Comunidad de un numero determinado de actuaciones en materia de vivienda y rehabilitación".

Asimismo, CCOO y UGT han recordado que Andalucía "tiene competencia plena" en materia de vivienda de acuerdo al nuevo Estatuto de Autonomía que comprende, entre otros, la política de suelo y vivienda y la adopción de las medidas necesarias para "alcanzar las prioridades y objetivos de la actividad de fomento de la administración andaluza en esta materia".

Por otra parte, los sindicatos han dejado claro que la Junta de Andalucía "está obligada a cumplir con los compromisos recogidos en el Pacto Andaluz por la Vivienda, desarrollados en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo y en la Ley de Derecho a la Vivienda aprobada en marzo de este año por el Parlamento Andaluz".

Eso significa, según han argumentado CCOO y UGT, que "la asignación presupuestaria prevista debe mantenerse, y que los recursos que no lleguen del Plan Estatal deberán ser aportados por la propia Junta de Andalucía, tal y como se garantiza en el artículo 13 del Plan de Vivienda de Andalucía y en la propia Ley de Derecho a la Vivienda".

Los sindicatos han explicado que dicha Ley contempla, dentro de las garantías del derecho a la vivienda, los recursos económicos propios para promover el derecho a la vivienda, dando preferencia a los grupos de población con menos índice de renta. En el mismo sentido, se relaciona en la Ley, las distintas medidas de fomento y ayudas públicas con las que cuenta la Administración andaluza para el cumplimiento de los objetivos marcado en el Plan Andaluz.

CCOO y UGT han reiterado "su más firme rechazo a los recortes anunciados por el Ministerio de la Vivienda, al considerar que éstos representan una brutal agresión al derecho constitucional de acceso a una vivienda digna y adecuada para aquellas personas de menos recursos, que no pueden adquirir este bien en el mercado libre".

"Además, estos recortes significarán un gran mazazo a la generación de empleo en el sector de la construcción, que es el que está sufriendo con más intensidad el impacto de la crisis económica en términos de destrucción de puestos de trabajo", agregaron en su nota conjunta.

CCOO-A y UGT-A también han apuntado que estos recortes a las políticas de vivienda "forman parte de un conjunto más amplio de recortes en derechos sociales y laborales y de reducción de la inversión pública, consecuencia del cambio de rumbo adoptado por el Gobierno de Zapatero en los últimos meses".

Ambos sindicatos han coincidido en que esta situación constituye "otra razón más para que la huelga general convocada para el próximo 29 de septiembre tenga un seguimiento masivo, y con ello conseguir que Zapatero tenga que rectificar y retirar todas las agresiones que está cometiendo con los trabajadores y con las clases populares".

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