El coordinador general de IULV-CA en Andalucía, Diego Valderas, ha señalado que el día después de la huelga general su partido pondrá en marcha una recogidas de firmas "para que se inicie el período de rectificación de la política del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que tan graves perjuicios está trayendo".

En rueda de prensa, acompañado por el diputado de IULV-CA Ignacio García, Valderas ha destacado la necesidad de comenzar una campaña "desde el punto de vista institucional, parlamentario y político para que se inicie el tiempo de la rectificación política", recordando que "se podrán tener todos los diálogos que quieran, pero no valdrán para nada sin una rectificación".

"Este debe significar la retirada de las reformas de las pensiones, la negociación sobre la reforma laboral, otro compromiso presupuestario para 2011 y otra política fiscal", ha solicitado y ha informado de que, asimismo, "hay dos o tres debates muy importantes".

De esta forma, ha detallado que habrá uno en materia de política educativa, además de una moción en la que IU "planteará cinco medidas para la rectificación política económica en contra de la mayoría social que son cumplir con el estatuto, orientar la economía al pleno empleo, rechazar la deriva derechista del Gobierno, rectificar la política económica, propiciar el cambio de modelo y apoyar las movilizaciones y con ellas las reivindicaciones que plantean los sindicatos".

Además, el coordinador general de IULV-CA ha explicado que habrá "dos propuestas más", una de las cuales será sobre política de empleo en materia juvenil, con un debate entre IU y el presidente del Gobierno "para que sea capaz de abrirse paso un plan de empleo para los jóvenes en Andalucía y acabar con que el 50 por ciento de paro".

"También vamos a enmendar la propuesta que hace el PP sobre una proposición no de ley en referencia al déficit fiscal", asegurando que van a buscar tres líneas "para hacer posible que Andalucía no tenga que devolverlo de hoy para mañana", indicando en este sentido que pedirán o bien una moratoria de cinco años, que no haya una devolución del déficit fiscal de los Ayuntamientos y de la propia comunidad autónoma hasta que no haya una ley de financiación adecuada, o que se pueda devolver en especies y solares.