La defensa del cerebro del 'caso Malaya' pide la nulidad de las escuchas telefónicas

Primera sesión del juicio del 'caso Malaya'.
Primera sesión del juicio del 'caso Malaya'.
EFE
Primera sesión del juicio del 'caso Malaya'.

La defensa del ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, presunto "cerebro" de la trama de corrupción descubierta en la 'operación Malaya', ha pedido este lunes la nulidad de todas las escuchas telefónicas relacionadas con su cliente, así como la suspensión del juicio antes de su comienzo.

El ex asesor urbanístico está siendo juzgado desde este lunes en Málaga junto a otros 94 imputados en la mayor trama de corrupción urbanística de la historia de España. En el banquillo de los acusados se sientan entre otros ex alcaldes de Marbella, como Julián Muñoz o Marisol Yagüe, ex ediles y empresarios. La vista oral está siendo seguida por más de 300 periodistas nacionales y extranjeros y en su primera sesión se ha rodeado de fuertes medidas de seguridad.

En la fase de cuestiones previas, la abogada que representa a Roca, Rocío Amigo, ha impugnado todas las intervenciones telefónicas desarrolladas durante los cuatro años y medio de instrucción por falta de motivación y falta de proporcionalidad, entre otros argumentos, y ha demandado que se resuelvan con carácter previo al inicio del juicio oral.

La suspensión de la vista, denegada

La ausencia de algunos expedientes urbanísticos, y que la posible causa ya esté juzgada en otro procedimiento, son dos de los motivos esgrimidos por la letrada para justificar la suspensión de la vista antes de exponer las cuestiones previas, petición que ha sido denegada por el tribunal.

Durante su exposición, Amigo ha denunciado que la Policía "ha mentido" en reiteradas ocasiones y que el primer juez instructor, Miguel Ángel Torres -ahora destinado en Granada- "no quiso comprobar si lo que decían (los policías) era cierto".

Roca, que se enfrenta a una petición fiscal de treinta años de cárcel y más de 810 millones de euros de multa, ejercía una posición de "dominio" sobre la Corporación municipal de Marbella, según el ministerio público.

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