El traspaso de competencias en políticas activas de empleo al País Vasco puede suponer un "agravio comparativo" para demandantes de empleo y parados de otras comunidades "si no se extiende en las mismas condiciones" a todas las autonomías, según la profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Oviedo, Begoña Sesma Sánchez.

Así, explica que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el PNV, que supone la transferencia de 472 millones de euros al País Vasco destinados a la gestión de las políticas activas de empleo, permitirá al País Vasco tener competencias en materia de gestión de empleo, tanto de las altas y bajas, como de las ofertas y demandas de empleo; así como en cursos de formación a los desempleados; y como "principal novedad", en las bonificaciones a las empresas para incentivar el empleo, de tal forma que podrá gestionar "qué empresas pueden beneficiarse de una bonificación de las cuotas a la Seguridad Social, en qué cuantía y en qué condiciones".

De este modo, en declaraciones a Europa Press, la experta señala que "si no se permite a otras comunidades decidir también sobre las bonificaciones empresariales en su ámbito territorial, según sus circunstancias económicas y de mercado laboral, sino que sólo el País Vasco pueda ejercer estas competencias, supondría un agravio comparativo".

"En todo caso el agravio se producirá, previsiblemente, entre los demandantes de empleo y entre las empresas de unas CCAA y otras si el empleo no está bonificado en la misma cuantía y en las mismas condiciones", argumenta Begoña Sesma.

La profesora de Derecho Financiero y Tributario resalta que aunque el Principado de Asturias recibió en 2001 el traspaso en materia de políticas de empleo, "no tenía ni tiene hoy" dichas competencias "con tal amplitud".

Respecto a la polémica surgida ante la posibilidad de que el acuerdo entre el Gobierno y el PNV pueda poner en riesgo la 'Caja única' de la Seguridad Social, Sesma indica que "si todas las CCAA pasan a gestionar estas bonificaciones empresariales para el fomento del empleo e hicieran un uso abusivo o desigual de esta competencia habría el riesgo de que la Seguridad Social, y por tanto, las futuras pensiones, no se financiara suficientemente o no lo hiciera de forma equitativa".

"Pero como no se conocen aún los términos del acuerdo ni las condiciones para ejercer esta competencia, ni si la van a ostentar otras CCAA, parece precipitado anunciar una ruptura de la 'Caja única' de la Seguridad Social", apuntilla.

En cuanto a la posibilidad de que sea inconstitucional, Begoña Sesma incide en que "no se puede valorar la constitucionalidad de este acuerdo" sin conocer "su literalidad, ni las condiciones de esta transferencia, ni si otras CCAA podrán acceder a esta competencia", concluye.

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