Ayuntamiento de San Roque advierte que la Policía gibraltareña no puede "autoinvestigarse" por los registros

El portavoz del PA en el Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) y presidente de la Comisión informativa de Seguridad Ciudadana del municipio, Manuel Melero, ha asegurado que, según la propia Constitución de Gibraltar, la Policía gibraltareña "no tiene capacidad para autoinvestigarse" por el incidente ocurrido con algunos de sus miembros al registrar un domicilio en la localidad sanroqueña, ya que, al "transgredirse las normas fronterizas", la responsabilidad de dicha investigación recae directamente sobre el Gobierno británico.

En declaraciones a Europa Press, Melero ha manifestado que "no son posibles" y, por tanto, tiene "poca validez" la "investigación interna" que la Comisaría de Gibraltar ha abierto en relación a este asunto, tal y como ha confirmado a Europa Press el Gobierno del Peñón.

En este sentido, Melero ha detallado que desde la entrada en vigor en 2007 de la nueva Constitución de Gibraltar, el ministro principal de la Colonia, Peter Caruana, tiene competencias sobre la Policía "exclusivamente en suelo de Gibraltar", mientras que las competencias en el exterior "o en aguas cercanas, o en territorio limítrofe o neutral, por llamarlo de alguna manera", recaen directamente en el Gobierno inglés, que es "el que tiene que dar cuentas" por este asunto.

Además, el portavoz del PA llevará una moción al próximo Pleno para pedir las pertinentes explicaciones en relación al incidente que define como "allanamiento de morada en contra de la voluntad de la ocupante de la vivienda" de San Roque que fue registrada por policías gibraltareños y el "posterior robo de supuestas pruebas de un presunto delito cometido fuera del Estado español, en concreto en la Colonia de Gibraltar".

Cuestiones por aclarar

La moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, hace referencia a la "gravedad" de estos hechos y a las declaraciones de Caruana calificando la actuación de "incorrecta". En su opinión, no se trata de una equivocación, ya que "estamos hablando de que dicha actuación fue presuntamente premeditada".

Así, plantea interrogantes sobre "cuántas veces lo habrán hecho", si tenían autorización si es que en Gibraltar es preceptivo, si tenían autorización de sus superiores para localizar al dueño de la vivienda y solicitarle la llave, si éste se la dio voluntariamente, si llevaron a cabo la actuación con un vehículo oficial o si se comunicaron los hechos a las autoridades españolas.

Por todo lo expuesto, propone al Pleno solicitar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que se le informe "de lo sucedido en este incidente, así como de las medidas que puedan ser de su competencia y que se hayan tomado en defensa de nuestros legítimos intereses y derechos".

Asimismo, vistas las competencias del Gobierno inglés en temas relacionados con la Policía y zonas limítrofes de la colonia, según la Constitución de Gibraltar de 2007, propone al Pleno solicitar al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación las explicaciones pertinentes desde el Ejecutivo británico.

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