El presidente del Sindicato Unificado de Policía, José Freire, ha mostrado este viernes su "apoyo" a la huelga general convocada por los sindicatos para el próximo 29 de septiembre y, dada su imposibilidad de sumarse a ella, los agentes han decidido tratar "con respeto y consideración" a los piquetes informativos y negarse a realizar identificaciones aleatorias.

"Cumpliremos con nuestra obligación y con la legalidad para que la huelga sea un éxito, tratando con respeto y consideración a los piquetes informativos que actúen de modo legal y también protegiendo a los que sean amenazados para que no vayan a trabajar", ha explicado Freire, en declaraciones a Europa Press.

En cuanto a la labor policial, el líder del SUP ha avanzado que se limitará a "vigilar el derecho a acudir o no" de todos los trabajadores y que se opondrá a "cualquier orden superior que se reciba para obstaculizar el derecho de los trabajadores a la huelga", como ya ha ocurrido "en anteriores ocasiones".

Entre los motivos por los que "apoyan" esta huelga general, Freire ha esgrimido, en primer lugar, los principios sindicales. "También somos trabajadores", ha subrayado, para mostrar su "solidaridad" con los sindicatos de clase que "defienden los intereses de los trabajadores, que están siendo perjudicados por la reforma laboral". "Es el mayor retroceso en derechos de los trabajadores en los 30 años de democracia", ha censurado.

Al margen de esta cuestión, ha justificado su respaldo a esta convocatoria en su rechazo a "la actual política de seguridad", que se está viendo afectada por "recortes" en los presupuestos a los que se suma la rebaja del sueldo de los funcionarios. "Hay una desmotivación generalizada", ha revelado Freire, quien ha denunciado que, pese a que la seguridad es "un pilar básico del Estado del Bienestar", con las jubilaciones, el año próximo se perderán "entre 1.500 y 2.000 agentes", ya que la oferta pública de empleo pasó de "unas 5.000 plazas a 369".

La seguridad, AFECTADA

"Si cada vez somos menos, con menos medios y menos salario, a ver quién se atreve a decir que la seguridad no se verá afectada", ha incidido Freire, quien ha llamado la atención sobre que "un año o dos después del comienzo de la crisis, aumenta la conflictividad social y los delitos contra la propiedad", por lo que la presencia de la fuerzas del orden es muy necesaria.

Al hilo de ello, ha reclamado que el Ministerio del Interior complete las 500 plazas que la Unidad Adscrita de Policía Nacional tiene en Galicia, que tienen encomendadas funciones "indispensables" como la defensa medioambiental, la seguridad de los edificios de la Xunta y sus altos cargos, la protección del patrimonio, los casos de malos tratos y violencia en el ámbito familiar y el furtivismo. "Es muchísimo trabajo", ha concluido.