La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente que dirige Cristina Narbona, abrió ayer un expediente sancionador contra el Ayuntamiento de Madrid y ordenó la paralización temporal de un tramo de las obras de soterramiento de la M-30, bajo el Manzanares, por un vertido no autorizado al río. Se trata de material de construcción procedente de dos máquinas bajo el puente de Praga, que cruza el río por Legazpi (Arganzuela). El Consistorio se expone a una multa de tan sólo 6.000 euros y se le exige que restituya el terreno a su estado original, salvo que el vertido sea legalizado.