La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, ha presentado este viernes sus alegaciones al real decreto del Ministerio de Vivienda donde se modifica el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación, donde pide un trato "diferenciado" para Andalucía, toda vez que esta Comunidad "ha hecho un esfuerzo de dirigir sus políticas de vivienda a las personas de rentas más bajas", por lo que para la Junta debe existir una discriminación positiva hacia las comunidades que "más VPO para rentas bajas han realizado y que ahora se van a ver más afectadas por la reforma".

El secretario general de Vivienda, Suelo, Arquitectura y del Instituto de Cartografía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, explica que en estas observaciones la Junta ha contado con el "respaldo" de sindicatos, empresarios y municipios, con los que ha mantenido conversaciones y a los que les ha hecho llegar dichas peticiones.

Asegura que en esas propuestas demandará y defenderá "de manera firme" ante el Gobierno el mantenimiento de "todas y cada una" de las ayudas a la vivienda protegida y espera que sus alegaciones "lleguen a buen puerto".

No obstante, precisa que una vez que se culmine la modificación del decreto que regula el Plan Estatal, la Consejería analizará con los agentes firmantes del Pacto por la Vivienda, empresarios, sindicatos y Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), cómo afectarán los cambios al Plan Concertado andaluz en una jornada de trabajo aunque indica que "cuando llegue ese río lo cruzaremos, pero todavía no ha llegado ese punto".

Gómez de Celis reitera que Andalucía "siempre ha apostado clarísimamente por la VPO", a través de una política "respaldada y consensuada con los agentes sociales, y ha tenido un amplio consenso social", una política que se ha reflejado en medidas como el Pacto Andaluz por la Vivienda, el Plan Concertado de Vivienda y Suelo y la Ley de Derecho a la Vivienda, que configuran "un marco normativo de acuerdo con los agentes sociales".

Asimismo, destaca que Andalucía "ha hecho el esfuerzo de dirigir sus políticas de vivienda hacia las personas más débiles económicamente y con rentas inferiores a 2,5 veces el Iprem, mediante la construcción de viviendas en régimen especial y general" y recuerda que en la Comunidad "no se han hecho viviendas de régimen autonómico al ir destinadas a personas con ingresos más altos".

Por ello, solicita al Gobierno el mantenimiento de las ayudas, subvenciones y subsidiaciones de intereses para "mantener el compromiso de acceso a la vivienda de las personas con rentas más bajas".

Recuerda asimismo, que "no todas las comunidades autónomas han hecho ese tipo de viviendas" y reconoce que la reforma del Plan Estatal "supone más recortes para aquellas zonas donde más políticas sociales de vivienda se han hecho".

Por ello, la Junta demanda que se establezcan reuniones bilaterales entre Gobierno y cada comunidad autónoma, de la que todavía no hay fecha para el caso de Andalucía, donde "se vean las especifidades de cada comunidad autónoma y se observe qué elementos afectan de forma diferenciada a cada zona".

La Junta demanda por ello que se afronte un proceso "diferenciado para las diferentes comunidades autónomas" y una discriminación positiva hacia las comunidades que "más políticas sociales han realizado y que ahora se van a ver más afectadas por la reforma", toda vez que para Andalucía "la política de vivienda es una política social e incluso el acceso a una vivienda es un derecho que la Junta va a garantizar siempre". ALEGACIONES

Entre las alegaciones presentadas, Gómez de Celis, que espera que el Gobierno central sea "sensible" a las mismas, recuerda la ya apuntada anteriormente por la Junta de establecer un periodo transitorio para prorrogar hasta junio de 2011 en la supresión de las ayudas a la entrada para adquirir una VPO, de manera que la Consejería de Obras Públicas y Vivienda propone mantener la ayuda estatal directa a la entrada (AEDE) para todos los adquirentes de VPO que obtengan la calificación provisional hasta el 30 de junio de 2011.

Asimismo, la Junta efectúa una propuesta "compensatoria", por la que "cuando la AEDE —que suponen incentivos entre los 8.000 y 12.000 euros— desaparezca, se pueda ampliar el número de años de subsidiacion de intereses de diez a 20 años", toda vez que actualmente se establece un tiempo de subsidiación de cinco años con la posibilidad de cinco años más, de forma que actualmente un adquirente puede ahorrarse unos 8.000 euros en diez años, unos 4.000 euros cada cinco años.

Con la propuesta alternativa de la Junta, se ampliaría el periodo de subsidiación de cinco a diez años, ampliables a otros cinco años más y después a otros cinco años más, hasta sumar 20 años de subsidiación de intereses, lo cual, según apunta Gómez de Celis, permite a los adquirentes ahorrarse por este concepto 16.154 euros, de manera que "se complementa la falta de ayudas a la entrada con una subsidiacion a 20 años a lo largo de la vida de la hipoteca, incluso con una cantidad superior a la que se obtiene con la ayuda a la entrada".

Por otro laso, la Junta rechaza la reducción que el Ministerio de Vivienda pretende aplicar en las subvenciones que concede para la construcción de viviendas protegidas en alquiler y que tienen como destinatarios a los promotores inmobiliarios, una rebaja que supone una "desincentivación" para el sector, por lo que se reclama al Ministerio no aplicar ningún tipo de modificación a esta línea de incentivos y que mantenga la ayuda de alquiler con opción a compra.

Asimismo, para el Programa de Alquiler con Opción a Compra, que posibilita ejercer el derecho a compra transcurridos diez años, la propuesta autonómica recoge una mayor flexibilidad en el plazo estipulado para la venta, la ampliación del 80 al 90 por ciento en la cobertura de financiación del préstamo al promotor y una ampliación a 25 años del plazo de amortización.

De acuerdo con el gobierno

Gómez de Celis, quien deja claro que la Junta está de acuerdo con la política de futuro del Gobierno central de potenciar el alquiler y la rehabilitación como ejes fundamentales, recuerda a ese respecto que, en un estudio basado en consultas a los primeros 30.000 solicitantes inscritos en los registros de demandantes, el 65 por ciento de ciudadanos demanda viviendas en alquiler con opción a compra a diez años.

Asimismo, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" para aquellos que hayan dado un paso en la compra de vivienda protegida, a los que "se le mantendrá la ayuda a la entrada y las subsidiciaciones de intereses a cinco años, prorrogables a otros cinco años más".

Gómez de Celis precisa que actualmente 720 ayuntamientos han presentado sus bases a la Consejería para aprobar los registros, el 94 por ciento del total, de los que 647 han valorado positivamente y 73 han sido corregidas. Además, 521 ayuntamientos han acudido a las ayudas para elaborar dichos registros de demandantes, por lo que espera que a finales de año "todos los registros estén a pleno funcionamiento".