El juez decretó la ampliación de la suspensión de todas las actividades de Batasuna por dos años, según las citadas fuentes, así como de todas las organizaciones que la sucedan, la clausura de sus locales y establecimientos y de su pagina web, que ya no se encuentra accesible. En relación al

En ese mismo oficio, el juez pide al Gobierno Vasco y a la Guardia civil que se adopten todas las medidas necesarias para impedir la celebración del acto.

Por su parte, el Gobierno Vasco ha insistido en que se cumplirá la Ley, aunque en ocasiones "no les guste".

Batasuna cree que se deja arrastrar por la política

Antes de conocer la decisión, Batasuna ha afirmado que el juez de la Audiencia Nacional "se deja llevar por una campaña iniciada por un partido político y por determinadas asociaciones, de la que se hacen eco y amplían algunos medios de comunicación, y es a ese impulso al que obedece su actuación".

Así lo ponen de manifiesto en la querella por un delito de prevaricación que presentaron esta mañana ante el Tribunal Supremo (TS) los abogados de Batasuna contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Fernando Grande-Marlaska, que ha dedidido prohibir el Congreso de la formación ilegalizada.

La querella fue interpuesta al considerar que la decisión del juez de revisar la suspensión de actividades de la formación, que había caducado el pasado verano, es premeditada e injusta. Finalmente, Grande-Marlaska ha revisado este plazo y lo ha ampliado.

El camino de la ilegalización de Batasuna

La suspensión e ilegalización de Batasuna no consiguió la desaparición de la organización política de la izquierda abertzale, aunque sí supuso limitaciones para su actividad, sobre todo en cuanto a participación electoral y la consecuente representación y financiación institucional.

La actividad de Batasuna fue suspendida por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón el 26 de agosto del 2002, cuando ya se había aprobado la Ley de Partidos e iniciado los trámites para su ilegalización, que llegó con la sentencia de la sala del artículo 61 del Tribunal Supremo del 24 de marzo del 2003.

En verano, la suspensión de sus actividades se debía haber prorrogado, pero no se hizo porque se creía suficiente que hubiera sido ilegalizada por el Supremo. Ahora, Grande-Marlaska ha decidido ampliar esta suspensión por otros dos años, hasta el máximo de cinco años previsto en la ley.

El 7 de mayo del 2003 el Gobierno de EEUU incluyó a Batasuna en su lista de organizaciones terroristas y un mes después, el 5 de junio, lo hizo la UE en la lista europea de grupos terroristas.

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