PSPV denuncia que el Ayuntamiento ha paralizado 30 licencias de rehabilitación pero ha otorgado 11 de derribos

Presentará una moción en el pleno en la que insta al equipo de gobierno a "no obstaculizar" licencias de acuerdo a la legalidad

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia ha denunciado este jueves que, desde el pasado mes de abril, el consistorio ha paralizado 30 licencias solicitadas para rehabilitar y construir en el barrio del Cabanyal-Canyamelar, mientras ha otorgado 11 licencias de derribo.

Así lo ha asegurado en rueda de prensa el concejal socialista Vicente González Móstoles, quien, junto a la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Carmen Alborch, ha precisado que esta licencias han sido concedidas a la empresa pública del consistorio 'Cabanyal 2010', encargada de llevar a cabo la ampliación de la Avenida Blasco Ibáñez hasta el mar a través del barrio. No obstante, estas licencias todavía no se han ejecutado, ha matizado.

Para González Móstoles, el Ayuntamiento muestra "sadismo" en su conducta, ya que "los vecinos piden rehabilitar, hacer obras menores, reparación de fachadas, obras interiores y de todo tipo" e incluso se ha solicitado la construcción de tres viviendas, pero la alcaldesa de Valencia Rita "Barberá quiere derribar", ha lamentado.

El edil ha recordado que esta situación se produce a petición de la unidad administrativa del servicio de licencias urbanísticas y en virtud de la circular enviada en mayo a todos los servicios municipales integrados en el área de Urbanismo "ordenando que siguieran tramitando los expedientes en curso pero paralizasen las concesiones de licencia en el ámbito afectado por el PEPRI".

Sin embargo, el informe realizado por la Abogacía del Estado hecho público recientemente "es muy claro" en la existencia de viviendas a las que "conviene" dar licencias porque "benefician a la ciudadanía y a la conservación del patrimonio". De hecho, hay "dos terceras partes del Cabanyal están al margen de la protección de la Declaración de Expoliación dictada por el Ministerio de Cultura el 29 de diciembre de 2009, en ejecución de sentencia del Tribunal Supremo, ha puntualizado.

Asimismo, el informe realizado por la Abogacía del Estado que se dio a conocer la semana pasada concreta que la declaración ministerial afecta "solo a aquellas unidades de ejecución" del Plan de Prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez, de modo que "el resto podía y debía seguir ejecutándose, tanto desde el punto de vista residencial como urbano", ha defendido González Móstoles. En su opinión, el Ayuntamiento muestra "sadismo" con su conducta.

Para evitar esta situación, Carmen Alborch, ha anunciado que su formación presentará mañana una moción en el pleno del consistorio para "impedir la degradación" del Cabanyal, en la que se instan al equipo de Gobierno a que "no obstaculice la concesión de licencias" para la rehabilitar la zona, que están de acuerdo con la legalidad.

La moción aboga por mantener la suspensión de las actuaciones derivadas de la ejecución del PEPRI en la unidades de ejecución que afectan a los Bienes de Interés Cultural (BIC) o al Conjunto Histórico Protegido (CHP) como consecuencia de la prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez y de la puerta del Boulevar San Pedro, en cumplimiento de la Declaración de Expoliación dictada por el Ministerio de Cultura el 29 de diciembre de 2009, que ejecuta una sentencia del Tribunal Supremo.

A su vez, y en aplicación del informe de la Abogacía del Estado, solicita otorgar todo tipo de licencias en el ámbito del PEPRI que no afecten a los valores históricos artísticos que motivaron la Declaración del Cabanyal como Conjunto Histórico Protegido

El "empecinamiento" de barberá

En este sentido, Alborch ha considerado que el hecho de que la alcaldesa interprete este informe como un primer paso del Ministerio para "dar marcha atrás" en su Declaración de Expolio, es producto del "empecinamiento" de la primera edil por "hacer interpretaciones que no benefician al Cabanyal, en línea con su actitud victimista ante el Gobierno de España".

A su juicio, Barberá "alienta la confrontación" con su actitud. Cree que "posee la verdad absoluta", lo que hace que cualquier cosa la interprete de acuerdo con línea argumentaria, pero "una cosa es la interpretación y otra el prejuicio", ha concluido la portavoz socialista.

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