La historia comenzó en 1996 cuando la Junta asumió la tutela de los hijos, Iván y Sara, de 4 y 5 años, respectivamente, cuando la madre padecía esta enfermedad, y decidió darlos en acogida a otra familia sevillana.

La madre inició entonces un proceso de desintoxicación, y a principios de 1997 ya había conseguido informes médicos favorables de «que había superado su adicción», relata su abogado, Gabriel Velamazán. Aun así, los Servicios Sociales de la Junta y el Juzgado de Familia decidieron continuar con los niños en acogida.

El auto judicial, que no podrá recurrir la Junta y que le obliga a pagar en 45 días, califica de «calvario» la experiencia sufrida por la madre, que actualmente padece una grave enfermedad. Además, la indemnización compensa así económicamente a la madre por los 10 años sin sus hijos y por  la retirada de la custodia de Iván. Y es que, en 2002, otra sentencia consideró «imposible» la vuelta del chico con su madre biológica. Ahora, la madre tendrá que negociar con la familia de acogida un régimen de visitas para poder disfrutar de su hijo, al que no ve desde 2002.

En cuanto a su hija Sara, la chica decidió volver voluntariamente con su madre en 2004 y ahora ambas viven juntas en Madrid.

¿Más indemnizaciones?

Paralelamente a estos 1,4 millones de euros, el abogado de la madre tiene abierto otro proceso judicial para determinar las responsabilidades que ha tenido en este caso la Administración de Justicia. La defensa pide alrededor de otro millón de euros de indemnización. Además, hay otro tercer proceso abierto contra la Delegación de Asuntos Sociales por «mal funcionamiento de la Administración». Por su parte, la Junta no quiso ayer valorar esta decisión judicial. Aseguran que la están estudiando y que en unos días darán una respuesta.