La Fiscalía de Sevilla ha apuntado "la necesidad" de una reforma legal que permita "agilizar" la destrucción de la droga incautada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, advirtiendo en este sentido de que actualmente se está produciendo un problema "de envergadura" en su custodia, fundamentalmente por el volumen de las sustancias estupefacientes que son custodiadas.

La Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al pasado año 2009, consultada por Europa Press, recoge esta propuesta realizada por el Ministerio Público sevillano, que apunta que "la ausencia" de pronunciamiento y de comunicación por parte de los juzgados a los depositarios —Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Laboratorio Territorial de Drogas— está ocasionando un problema de envergadura por su volumen y por los riesgos inherentes a la tenencia de estas sustancias".

En este sentido, la Fiscalía asevera que el "natural deterioro" de las sustancias estupefacientes "puede llegar a generar incluso problemas sanitarios, dada la inidoneidad de los lugares utilizados como depósito", usados de esta forma "no por estar destinados adecuadamente a ellos, sino por necesidad, como ocurre con los depósitos existentes en sedes policiales".

Argumenta que, "pese a los esfuerzos" realizados con las partidas de droga de volumen considerable para coordinar y lograr los pronunciamientos judiciales de destrucción, "la tónica general en el caso de los pequeños alijos sigue siendo la conservación de la droga, en clara contravención del mandato legislativo contenido en el artículo 374 del Código Penal", el cual establece "el principio general de destrucción de la droga una vez realizados los informes analíticos pertinentes y guardadas muestras bastantes de las mismas salvo que la autoridad judicial haya ordenado su conservación íntegra".

Destruir si el juzgado no ordena lo contrario

De este modo, y "para hacer eficaz el automatismo" en la destrucción de las drogas que se desprende de la norma, el Ministerio Público propone la posibilidad de establecer que, "dirigida una simple comunicación por parte del depositario oficial —encargado de la destrucción— al Juzgado, de no recibir éste orden contraria por parte del Juzgado en un tiempo prudencial se proceda a la destrucción de la droga, estableciendo así un protocolo ágil de actuación que, hoy por hoy, viene impedido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exige un pronunciamiento expreso judicial".

Por otro lado, y en el ámbito de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, la Fiscalía de Sevilla solicita una reforma normativa que "reconozca expresamente" a los laboratorios de la Policía Científica el rango de laboratorios oficiales, rango que actualmente sólo puede atribuirse al Instituto Nacional de Toxicología y al Área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno o a la correspondiente unidad administrativa equivalente en el territorio de que se trate, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado consultada por Europa Press.

En esta línea, entiende que "sería conveniente" a las necesidades de la Administración de Justicia, "dada la preparación técnica de los profesionales" de la Policía Científica y "el aprovechamiento de los medios materiales con los que cuentan", que los informes procedentes de estos laboratorios adquirieran legalmente el rango de laboratorios oficiales equiparables a los ya mencionados.