Chamizo dice que "se hace flaco favor" a la Ley de Memoria Histórica "si al intentar hacer algo se polemiza"

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha dicho este jueves que "se hace un flaco favor a la Ley de Memoria Histórica si cada vez que se intenta hacer algo de justicia con las mujeres vejadas se entra en discusión política", en relación a la polémica surgida tras el decreto aprobado el pasado martes en Consejo de Gobierno que posibilita que las mujeres andaluzas que padecieron formas de represión durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista reciban una indemnización de 1.800 euros.

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha dicho este jueves que "se hace un flaco favor a la Ley de Memoria Histórica si cada vez que se intenta hacer algo de justicia con las mujeres vejadas se entra en discusión política", en relación a la polémica surgida tras el decreto aprobado el pasado martes en Consejo de Gobierno que posibilita que las mujeres andaluzas que padecieron formas de represión durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista reciban una indemnización de 1.800 euros.

En rueda de prensa tras la presentación del servicio de administración electrónica creado por la Institución, Chamizo ha afirmado que "se hace flaco favor a la Ley si cada vez que se intenta hacer algo de justicia, además con mucho retraso, con las mujeres vejadas, se entra en discusión política". Además, ha señalado que las mujeres que padecieron formas de represión durante este período "son muy pocas porque la mayoría de ellas han muerto".

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado martes un decreto que posibilita que las mujeres andaluzas que padecieron formas de represión sobre el honor, la intimidad y la propia imagen durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista reciban una indemnización de 1.800 euros, como modo de reparación moral y reconocimiento a su papel en la construcción de la actual sociedad democrática.

La indemnización acordada, que se suma a las que desde 2001 viene concediendo el Gobierno andaluz a las víctimas de encarcelamientos y confinamientos en campos de concentración, hace referencia a hechos que no supusieron privación de libertad pero sí acciones vejatorias dirigidas especialmente contra la población femenina, como el rapado, la ingesta de aceite de ricino y la exposición al escarnio público.

El periodo considerado abarca los años de mayor incidencia de este tipo de represión, entre 1936 y 1950, según explicó el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde aclaró que en este momento no se tiene una estimación de las mujeres que podrían acceder a la indemnización.

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