FETE-UGT Andalucía ha opinado este miércoles que, en lugar de un nuevo decreto de escolarización que combata el fraude escolar y que 'reparta' a los alumnos inmigrantes entre los centros públicos y los centros concertados, "lo que hace falta es más dinero encima de la mesa".

En declaraciones a Europa Press, el secretario de Enseñanza Privada de FETE-UGT en Andalucía, Francisco Beltrán, ha explicado que, para que se haga un reparto equitativo de estudiantes de acuerdo al peso que ambas redes escolares tienen en el sistema público de enseñanza, "es importante tener en cuenta tanto la ubicación" de los propios centros como que éstos cuenten con "los medios económicos necesarios" para atender al alumnado inmigrante.

"La Consejería puede poner en marcha muchas medidas, pero si se quiere afrontar bien este problema, se tiene que poner dinero encima de la mesa para que la escolarización pivote, por un lado, sobre la atención de sus necesidades educativas especificas, y por otro, sobre la atención a sus necesidades socioeconómicas", ha puntualizado.

Sobre todo, critica Beltrán, porque se da el caso de que en los centros concertados "ni siquiera existen Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL)" como en los públicos, las cuales, son "básicas e imprescindibles" para tratar al alumnado inmigrante que no utiliza el castellano como lengua vehicular.

Además, el secretario de Privada de FETE-UGT ha insistido en que la escuela concertada "no tiene ningún interés por marginar o evitar este tipo de escolarización" y ha achacado el pequeño porcentaje de alumnos inmigrantes en estos centros —91,9% en públicos frente a un 8,1% en privados, en su inmensa mayoría en concertados— a que "no se disponen en los concertados de las herramientas necesarias" para integrar a la población inmigrante.

Con todo, Beltrán ha reconocido que hay centros concertados en los que "se deniega" la escolarización a este tipo de alumnado y ha asegurado que "quien lo debe perseguir es la Administración y la inspección educativa". "En términos generales no es cierto que la escuela concertada se niegue a escolarizar inmigrantes, pero a quien le corresponde hacer un seguimiento de esto es a las comisiones de escolarización, que para eso están", puntualiza.

Búsqueda del equilibrio

Por su parte, CCOO ha asegurado que lo que el nuevo decreto que elabora la Consejería de Educación debe intentar es, más que evitar el fraude escolar, "lograr una escolarización equilibrada en todos los centros sostenidos con fondos públicos". "Es lo realmente urgente y necesario para el sistema educativo", ha recalcado el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Andalucía, José Blanco.

En su opinión, la nueva norma tiene que buscar que el alumnado con necesidades educativas especiales, los inmigrantes y los que están en riesgo de exclusión social "se matriculen por igual" en todos los centros escolares andaluces. De hecho, ha recordado que "la propia Ley de Educación de Andalucía contempla la necesidad de avanzar en una escolarización equilibrada en todos los centros sostenidos con fondos públicos, un aspecto que igualmente se incluyó en el VII Acuerdo de Concertación Social para Andalucía".

Además, ha propuesto que la Consejería de Educación cree comisiones de escolarización que se dediquen, cada curso escolar, a analizar el perfil del alumnado matriculado en cada centro escolar en una misma comarca "para así corregir en el siguiente año los desequilibrios sociales que pudiesen producirse".