El ex director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar, ha reconocido ante la jueza que instruye el caso Peaje que obreros que trabajaban en el desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor (antigua C-715) descargaron en una de sus fincas unos 45 camiones de tierra procedente de estas obras. Sin embargo, ha precisado que se trataba de la tierra sobrante de los trabajos y en algunos casos de "cascotes", y que lo hizo como un "favor" a la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de las obras para así evitar los costes por trasladar los restos a un vertedero.

Así lo ha puesto de manifiesto, en calidad de imputado, durante la deposición de más de dos horas y media que ha efectuado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5, Ana San José, en la que ha aseverado que, de igual forma que él, "cientos" de propietarios de otros terrenos permitieron que la UTE C-715 descargara allí la tierra sobrante, que también "nosotros necesitábamos", de modo que entre éstos y el grupo de empresas se hicieron un favor recíproco. Sin embargo, ha afirmado que el posterior tratamiento que hizo de la tierra en su finca fue pagado por él mismo.

El encausado, asistido por el letrado José Zaforteza, ha apuntado asimismo que Electro Hidráulica, una de las empresas de la UTE, se encargó del montaje de la red eléctrica de la finca que posee en Manacor, aunque en este sentido ha afirmado que la instalación ya la ha pagado. De hecho, ha presentado las facturas del desembolso, efectuado recientemente, según ha indicado, ya que hasta hace poco Electro Hidráulica no había finalizado esta obra, según han explicado fuentes jurídicas a Europa Press.

Mientras tanto, al ser inquirido sobre el supuesto desvío de caudales públicos desde el Consell de Mallorca a obras privadas que fueron facturadas como si se tratase de trabajos de la carretera (actual MA-15), cuestión en la que se centran las investigaciones del denominado Caso Peaje, Aguiar ha negado que el desfase de 23 millones al que aluden las pesquisas "repercutiese" en la institución insular.

Y es que, tal y como ha explicado al respecto, la adjudicación de los trabajos recayó en manos de la empresa Pamasa, que debía efectuarlos por un presupuesto inicialmente pactado de 140 millones de euros, y fue posteriormente cuando Pamasa subcontrató las obras a la

Ute ute (integrada por las empresas Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr), que se encargó finalmente de los trabajos. En este sentido, el ex vicepresidente del Consell, Antoni Pascual -también imputado-, ya atribuyó el desfase a los modificados que la UTE llevó a cabo por imprevistos que fueron surgiendo en los trabajos, aunque negó un desvío de fondos a fines particulares.

En concreto, el nombre de Aguiar aparece reflejado junto al de otras 15 personas en la querella que interpuso el Ministerio Fiscal en marzo del pasado año a raíz de estos hechos y, según consta en la denuncia, los imputados habrían incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y falsedad en documento mercantil.

Mientras tanto, este miércoles también ha prestado declaración el propietario del restaurante Es Cruce, Guillem Garí, ubicado en el kilómetro 41 de la carretera. En su comparecencia, también en calidad de imputado, Garí ha sido interrogado por los favores que habría recibido de la UTE después de que parte de su establecimiento, en el que había un parking, fuese expropiado para poder ampliar la rotonda antigua ubicada en la zona.

Admite reformas privadas de la ute por valor de 350.000 EUROS

Durante la comparecencia, que se prolongó por espacio de dos horas, el encausado ha reconocido que después de que la UTE le expropiase esta parte y además le pidiese la cesión de un espacio para la maquinaria destinada a los trabajos, encargó que le asfaltaran el nuevo parquing así como otras reformas privadas cuyo coste habría ascendido a unos 350.000 euros. Tal y como ha expuesto, de esta cantidad pagó en metálico a la UTE 70.000 euros con factura en enero de 2007, mientras que el resto, ha aseverado, ya lo abonará cuando el grupo de empresas "retire su maquinaria de mi finca".

En esta misma línea, otro de los puntos en los que se ha centrado el interrogatorio han sido los presuntos favores que realizó como compensación por estos trabajos particulares, y en este sentido ha recordado que invitó a varios responsables de las obras en su restaurante e incluso organizó dos cenas en casa del celador de Carreteras del Consell, Gabriel Mestre, uno de los principales imputados del caso y quien se encuentra en libertad bajo fianza de 75.000 euros.

Garí a la jueza:

"me cuesta hablar en forastero"

Una de las anéctotas de la comparecencia se ha producido al ser preguntado sobre por qué no reclamó un ticket de 2.000 euros que no cobró por la fiesta de comunión de la hija de Mestre celebrada en Es Cruce, a lo que Garí ha respondido que no lo hizo porque "tenía buena relación" con el celador, aunque ahora "se'n penedeix" -se arrepiente, en castellano-. "¿Perdón?", le ha significado en ese instante la jueza, a lo que el propietario del restaurante ha manifestado que le costaba expresarse "en forastero".

Sobre la organización de esta fiesta, la Fiscalía postula que la UTE le indicó a Garí que no hacía falta que Mestre le pagara por la celebración, ya que el restaurante se haría cargo a través de los 350.000 euros que la UTE pedía por los favores realizados en el restaurante. Ello pese a que la Comunión se celebró en julio y la factura de los 70.000 euros -de los 350.000- que abonó a la UTE fue firmada en enero.

Cabe recordar que la operación, abierta en marzo de 2009, se saldó con la detención de 18 personas, quienes quedaron en libertad con cargos excepto los funcionarios de la Institución insular Francisco Orejudo y Gabriel Mestre, los únicos que pasaron a disposición judicial y quienes eludieron ingresar en prisión tras depositar sendas fianzas de 125.000 y 75.000 euros. A partir de ese momento la Fiscalía ha estado estudiando toda la documentación intervenida para determinar las presuntas implicaciones de los detenidos en el caso.