Los secretarios regionales de UGT y Comisiones Obreras en Castilla y León, Ángel Hernández y Agustín Prieto, han apuntado su descontento con los servicios mínimos planteados por la Junta de Castilla y León para la huelga del 29 de septiembre en la reunión mantenida hoy entre los sindicatos y representantes de la Administración regional y, en este sentido, Prieto ha advertido de que la Junta no debe "coartar el derecho de huelga".

Hernández y Prieto han mantenido este martes sendas reuniones con el secretario regional de Izquierda Unida en Castilla y León y con representantes de 26 organizaciones sociales y sindicales que han mostrado su respaldo a la convocatoria de huelga general con un manifiesto.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el dirigente de CC.OO. ha aventurado que los servicios mínimos propuestos por la Junta de Castilla y León en esta negociación serán "abusivos" y señalarán unas plantillas más numerosas que "muchos fines de semana". Por ello, ha aseverado que las administraciones no deben "coartar el derecho de huelga".

De hecho, los responsables de organización de ambos sindicatos valorarán mañana en rueda de prensa la marcha de la negociación de los servicios mínimos y ya en la convocatoria para los medios de comunicación se califica de "abusiva" la propuesta de la Junta. "No me gusta", ha resumido lacónico Ángel Hernández al ser preguntado este martes sobre la citada negociación.

En este sentido, ambos representantes han mostrado su satisfacción por el apoyo de las 26 organizaciones que han suscrito una declaración conjunta que muestra, a juicio de Hernández, la corriente que reclama un cambio de política en el Gobierno "en el terreno laboral y económico" para intentar "dar un giro" a la situación del mercado laboral española.

Para Agustín Prieto, la sociedad entiende la situación y que la "agresión" que ha supuesto la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo central "tenía que tener un resultado" como la huelga del próximo día 29. "En las asambleas palpamos que el seguimiento a la convocatoria va a ser masivo", ha recalcado.

Sobre las afirmaciones de que el respaldo a la huelga puede ser menor que en anteriores convocatorias, Hernández ha subrayado que "quienes asegura eso desde hace tiempo son los mismos que en ocasiones decían que hiciéramos una huelga". Sin embargo, ambos representantes sindicales han coincidido en que el día 29 los piquetes informativos serán necesarios.

Así, mientras que el secretario general de CC.OO. ha reiterado que estos grupos tienen "un papel establecido por la legislación"; Prieto ha garantizado que "habrá muchos" para garantizar "por dignidad" el "derecho constitucional" a la huelga.

Manifiesto de apoyo

La declaración está suscrita por Alternativa Estudiantil Universitaria, Alternativa Universitaria, Asamblea de Cooperacion por la Paz, Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Asociación Ecologista Centaurea, Asociación Unificada de Guardias Civiles, Colectivo Estudiantil Alternativo, Consejo de la Juventud de Castilla y León, Consejo Local de la Juventud de Valladolid, Ecologistas en Acción, Facua-Consumidores en Acción, Federación Castellanoleonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid, Federación de Mujeres Rurales de Castilla y León, Foro Feminista, Jueces para la Democracia, Sindicato Unificado de Policía, Sociedades Laborales AEMTA, Unión de Campesinos de Castilla y León, Unión de Consumidores de Castilla y León, Unión de Guardias Civiles, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, Unión Federal de Policía, Organizaciones sociales de Castilla y León que suscribimos este manifiesto, rechazamos las políticas de recortes sociales y la supresión de derechos de las trabajadoras y los trabajadores decretadas por el Gobierno, bajo el amparo y excusa de directrices del FMI y de la UE.

Estas asociaciones inciden en que los "brutales ajustes económicos que se están adoptando como terapias de choque para salir de la crisis económica son injustos socialmente, regresivos laboralmente y equivocados económicamente porque comprometen las posibilidades de crecimiento".

El Gobierno español, a su juicio ha cambiado "radicalmente" su política económica y social, que ahora "se orienta de forma clara a un severo recorte del gasto publico que recae fundamentalmente sobre las espaldas de las personas trabajadoras y de los pensionistas". A ello suman la reducción de la inversión pública que frenará el crecimiento económico y la creación de empleo porque consideran que su único objetivo es "abaratar, facilitar y subvencionar el despido, obstaculizando y debilitando su control judicial".

Por todo ello, la reforma, "lejos de luchar contra la dualidad del mercado laboral entre contratados estables y temporales supondrá mayor precariedad para todos y erosionara las garantías de los derechos laborales en beneficio del autoritarismo de las empresas".

En definitiva, el comunicado apuesta por propuestas como una política que reduzca el déficit público mediante el incremento de los ingresos, la retirada de una reforma laboral "lesiva", la defensa de la negociación colectiva "como marco de protección de las condiciones de trabajo" y del sistema publico de pensiones y por una política anti crisis que dé "prioridad absoluta a la lucha contra la pobreza en todas las medidas que se adopten, manteniendo los compromisos internacionales, nacionales y locales fijados en los Objetivos del Milenio".