El Consejo Asesor de Vivienda de la Comunitat Valenciana ha acordado por unanimidad solicitar al Ministerio que retire el nuevo Real Decreto y que garantice "al menos" todas las ayudas acordadas para la región en el convenio del Plan de Vivienda que está en vigor hasta el 31 de diciembre de 2012.

El vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, ha asegurado este lunes tras la reunión de este órgano que es "inaceptable" que el Gobierno central "recorte unilateralmente las ayudas sociales para vivienda en un momento de crisis y desempleo como el que vivimos, ya que supone la pérdida de más de 160 millones de euros en ayudas estatales para la Comunitat Valenciana y un perjuicio para más de 23.000 familias con dificultades en el acceso a la vivienda".

En el transcurso de la reunión se ha abordado como único punto del orden del día el borrador del Real Decreto que el Ministerio de Vivienda ha remitido a la Conselleria y que supone "un recorte en las ayudas del Plan de Vivienda para los ciudadanos que acceden a la primera vivienda, para los promotores de suelo y viviendas protegidas en alquiler y para la financiación de las oficinas de atención al ciudadano", según la Generalitat.

El Consejo Asesor de Vivienda considera que el nuevo Real Decreto del Plan de Vivienda que prepara el Gobierno central supone un "perjuicio a la seguridad jurídica de los ciudadanos, de los promotores y de la administración autonómica, al incumplir todos los compromisos adquiridos, poniendo en quiebra la confianza de todo el sistema".

A la reunión del Consejo Asesor de Vivienda han asistido, entre otros, representantes de los sindicatos CCOO y UGT, de la patronal Cierval, de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC), la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de Valencia, Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Castellón (APECC), y de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la provincia de Alicante (PROVIA), entre otras entidades.

Según la Generalitat, el borrador del Real Decreto por el que se modifica el anterior, de 12 de diciembre de 2008, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 implica "una modificación unilateral de las condiciones del Plan con un recorte drástico de la mayor parte de las líneas de financiación".

En este sentido, Cotino ha subrayado que "cualquier cambio en el Plan de Vivienda se debería negociar con las comunidades autónomas y con el sector para buscar las mejores soluciones entre todos a la nueva realidad social".

El Consejo Asesor de Vivienda considera que el texto perjudica a la Comunitat porque, en primer lugar, elimina la ayuda estatal directa a la entrada, con lo que afecta a más de 13.500 familias de la Comunitat que en los dos próximos años hubieran podido obtener esta ayuda. En este caso, se estima una pérdida de la aportación económica del Ministerio de Vivienda de más de 115 millones de euros.

En segundo lugar, denuncia que el Gobierno central "pretende reducir en un 40% las ayudas a los promotores de vivienda en alquiler y alojamientos protegidos, lo que bloquea promociones ya planificaciones con la consiguiente parálisis del sector y la generación de desconfianza en el sector empresarial".

Puestos de trabajo sin crear

En la Comunitat el convenio suscrito comprometía ayudas para incentivar la construcción de más de 5.200 viviendas en 2011 y 2012 con una inversión estatal de 33 millones de euros. La reducción de la aportación del Ministerio provocará, además, "una caída en la inversión por parte del sector empresarial de más de 400 millones de euros que hubieran generado más de 20.000 puestos de trabajo".

Por otra parte, el nuevo Real Decreto también incluye la "eliminación" de las subvenciones para adquirir y urbanizar suelo para vivienda protegida, aspecto en el que el recorte estatal asciende en la Comunitat a siete millones de euros y paraliza las más de 4.400 viviendas previstas en el convenio inicial para los dos próximos años.

Además, el borrador elimina la subvención estatal para los gastos de gestión del Plan de Vivienda, entre ellos, el coste de las más de 30 oficinas de ventanilla única que tramitan las ayudas en la Comunitat Valenciana y que asciende a 2,4 millones de euros al año. Asimismo, asegura que el Ministerio pretende suprimir un 20% de las ayudas del Plan de Vivienda al "eliminar el fondo de reserva de eficacia y aumentar el diferencial del tipo de interés en un 60% en los préstamos al promotor".

Para el presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción, Juan Eloy Catalá, el decreto "lo único que puede hacer es perjudicar al sector una vez más", considera que "no tiene sentido" en el tiempo actual de crisis y advierte de que paralizará la construcción de VPO y provocará más paro.

El presidente de la Federación de Cooperativas de Vivienda de la Comunitat y vicepresidente español y delegado del Cooperativismo de Viviendas en UE, Vicent Diego, cree que la modificación "debe retirarse" porque en Valencia es "una tradición el poder hacer VPO". La decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adan, califica de "preocupante" que, a mitad de un marco normativo que daba "estabilidad" al Plan de Vivienda durante "unos años", se cambie la regulación, lo que considera que no es positivo para las inversiones que tengan que practicarse en el sector.

El responsable de Vivienda y Territorio de

Ccoo pv, José de la Casa, ha apuntado por su parte que el real Decreto es "una aberración que no tiene ningún sentido que lo justifique", además de que lamenta que perjudica a los ciudadanos porque hay "un recorte de carácter social", que es la ayuda a la entrada de la vivienda.