El responsable de las entidades financieras Ivernorte y Consulting Creditp de Madrid ha culpado a uno de sus inversores con el que "no se ponían de acuerdo" del fracaso en la operación de crédito que supuso que un matrimonio al que el banco le había negado financiación perdieran tanto su vivienda habitual como la finca que habían puesto como garantía.

Pero el inversor ha explicado a la Audiencia de Cantabria que decidió no finalizar la operación y recuperar su dinero cuando empezó observar que en esta entidad se cambiaban por sistema "unas letras por otras", sin moverse nunca dinero de forma que percibió que "se iba creando un globo".

Así lo han sostenido ambos este lunes en la primera jornada del juicio que se ha seguido en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, y en el que tanto ellos como otros cinco acusados se enfrentan a penas que suman 42 años de prisión por un delito de estafa.

Los hechos por los que se les juzga se remontan a 1998, cuando el matrimonio denunciante, que vivía en Los Corrales de Buelna, se vieron en una situación económica que hizo que el banco les planteara ejecutar la hipoteca sobre su vivienda, al no poder pagar las cuotas del crédito.

El banco les ofreció la posibilidad de posponer la ejecución si lograban refinanciar el crédito, y entonces fue cuando les contactó uno de los comerciales de la empresa, con sede en Madrid, que les planteó proporcionarles 24.000 euros, más 15.000 de intereses, a cambio de entregarles el dinero en un plazo de 72 horas, un plazo que ha sido negado en el juicio por la empresa.

Pero lo que sucedió fue que finalmente el crédito vencía antes de lo estipulado, y se había puesto como garantía una finca que poseían. El inversor que proporciona el dinero no quería figurar en el contrato, algo que hizo, como era costumbre en la empresa, un empleado —también acusado— que además cobraba por ello y a cuyo nombre, como titular, figuraban propiedades repartidas por todo el país.

Las víctimas nunca recibieron el dinero, por lo que no pudieron hacer frente a la deuda con el banco, su casa fue subastada judicialmente y el inversor que había puesto el dinero ejecutó la deuda sobre la finca que habían puesto como aval, una explotación agrícola a la que se habían ido a vivir tras perder su vivienda.

José María P.H., el responsable de las dos empresas, —una localizaba personas que querían crédito y la otra a inversores que podían proporcionarlo— ha derivado toda la responsabilidad en el fracaso de la operación a otro acusado, un inversor con el que, según ha relatado, llevaban tiempo viviendo "desencuentros" por cuestiones económicas, con juicios y requerimientos notariales incluidos.

Pero el inversor, Horacio A.T., un profesor universitario que canalizaba el dinero que iba consiguiendo a través de esta financiera con tres oficinas en el centro de Madrid, ha relatado que empezó a sospechar del funcionamiento habitual de la firma, en la que lo normal era que se cambiaran unas letras por otras "de palabra".

Poco a poco, observó que se "cambiaban unas letras por otras" sin que nunca se moviera el dinero como tal, y entonces se dio cuenta de que "se iba creando una bola". "Yo quería el dinero", ha señalado, y por eso reclamó la ejecución de la deuda que había contraído el matrimonio cántabro.

José María P.H., que se enfrenta a la mayor petición de pena, de siete años de prisión, ha defendido que él siempre afrontó los pagos y que no ocultó los vencimientos de los plazos ni nada de lo relacionado con esta operación.

Por su parte, el inversor ha insistido en que sólo quería recuperar su dinero, y que, de hecho luego arrendó a los perjudicados la finca con cuya propiedad se hizo y que, además, luego le vendió a los hijos del matrimonio.

Ambos se consideran perjudicados por esta situación. El responsable de la financiera, que define su actividad como de "intermediario", ha declarado que sufrió "muchas pérdidas" económicas, ya que nunca "recibieron ni un duro" por esta operación. "Hemos tenido embargos, hemos tenido de todo", ha lamentado.

Y el inversor ha tenido "problemas por todas partes", incluso con su familia, porque pensaba que su dinero "estaba asegurado". "Nos fiábamos todos los inversores", ha remarcado.

Una de las administrativas, también acusada, ha relatado como, poco a poco, en el día a día de la empresa, se empezó a notar la crisis económica y el pago de las nóminas "se iba dilatando" hasta que finalmente fue despedida.

El responsable de la entidad financiera ha exculpado a su mujer, que era titular en una de las empresas pero no "participaba" de su actividad o decisiones, y al comercial que inició la operación PENAS

En total, el Ministerio Fiscal pide cinco años de prisión para siete personas acusadas de estafar a un matrimonio con el que firmaron, a través de varias empresas, un crédito por valor de cuatro millones de euros que la pareja no llegó a recibir, por lo que no pudo hacer frente a una deuda hipotecaria y perdió la finca en la que tenía su domicilio familiar.

El Fiscal considera a los acusados responsables de un delito de estafa y, además de la pena de prisión, pide para ellos multa de 9.000 euros, así como que indemnicen a las víctimas con 3,5 millones y les restituyan la propiedad de la finca.