La enfermedad de uno de los acusados de estafar a un matrimonio por firmar un crédito que nunca llegaron a percibir provocó la suspensión y el aplazamiento del juicio contra ellos, que comenzará este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

En concreto, el acusado cuya ausencia impidió la celebración de la vista fue J.M.G.P.H., administrador de una de las empresas de crédito, para quien, en concreto, la acusación particular pide siete años de prisión por un delito de estafa.

En total, el Ministerio Fiscal pide cinco años de prisión para siete personas acusadas de estafar a un matrimonio con el que firmaron, a través de varias empresas, un crédito por valor de cuatro millones de euros que la pareja no llegó a recibir, por lo que no pudo hacer frente a una deuda hipotecaria y perdió la finca en la que tenía su domicilio familiar.

Según el relato del Fiscal, dos de los acusados, un matrimonio cuyas iniciales son JM.G.P.H. y A.C.R., eran en 1998 el administrador único y la apoderada de dos empresas, IverNorte y Crédito Consulting.

A través de la primera, captaban clientes que necesitaban un préstamo rápido, normalmente cuando no se lo concedía ya ninguna entidad, y por medio de la segunda inversionistas que les entregaban dinero para prestarlo a un interés más alto que el de los bancos, cobrando por ello otra comisión.

Las supuestas víctimas contactaron con InverNorte a través de otro de los acusados, JL.P.T., comercial de la empresa, al no poder hacer frente al pago de las cuotas del crédito hipotecario que tenían suscrito con otra entidad, con la que llegaron al acuerdo de que la ejecución de la hipoteca se pospondría si lograban refinanciar la operación.

El comercial les presentó un presupuesto según el cual el matrimonio recibiría los 4 millones de euros y debía devolver esta cantidad, más otros 2,5 millones por intereses y gastos, en un periodo de 10 años. También les indicó que la operación se garantizaría a través de una hipoteca cambiaria y, que una vez firmada, se les entregaría el dinero en un plazo de 72 horas.

En marzo de 1998, el matrimonio firmó el contrato con otro de los acusados, R.D.P., que representaba a las dos empresas, convencidos de que se atenía a las condiciones pactadas. Pero Crédito Consulting había variado unilateralmente lo acordado con los clientes, al establecer que las letras vencerían un año más tarde de la fecha de firma del contrato, es decir en 199, y no diez como se habñia fijado.

El mismo día, este último acusado endosó al quinto restante, H.A.T., las letras de cambio, como representante de otra empresa, Arte e Hijos, que fue el que finalmente ejecutó la hipoteca y obtuvo la propiedad de la finca rústica del matrimonio situada en Los Corrales de Buelna.

La pareja, al no recibir el dinero, no había podido hacer frente a la deuda y había tenido que abandonar la vivienda, que también era su medio de vida, ya que trabajaban en la explotación agrícola de la finca. Por ello, se vieron obligados a suscribir un contrato de arrendamiento con el nuevo propietario.

El Fiscal considera a los acusados responsables de un delito de estafa y, además de la pena de prisión, pide para ellos multa de 9.000 euros, así como que indemnicen a las víctimas con 3,5 millones y les restituyan la propiedad de la finca.