El comité de huelga de CCOO y UGT se reunirá este lunes con el Govern para intentar llegar a un acuerdo sobre los servicios mínimos que ofrecerán Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) e IB3 Televisió durante la jornada de huelga general prevista para el próximo 29 de septiembre, después de que el pasado viernes los sindicatos rechazaran la propuesta presentada por el Ejecutivo autonómico en este sentido al considerar que ésta era "excesiva".

En declaraciones a Europa Press posteriores a la reunión que mantuvieron a finales de semana las centrales con la secretaria general de la Conselleria de Presidencia, Lourdes Aguiló, la secretaria de Acción Sindical de CCOO en Baleares, Carmen Díaz, explicó que la Administración autonómica había solicitado que, en el caso de SFM, se mantuvieran tres trayectos de ida y vuelta (uno por la mañana, otro al mediodía y otro por la tarde) en las líneas que unen Palma con Inca, Sa Pobla, Manacor y Sóller, si bien los representantes de los trabajadores refutaron estas prestaciones al considerar que se debían adoptar los mismos servicios mínimos que en la huelga de junio de 2002, cuando se ofreció a los usuarios dos viajes de ida y vuelta en las rutas Palma-Sa Pobla y Palma-Sóller (uno por la mañana y otro por la tarde).

En cuanto a la cadena pública, Presidencia solicitó a CCOO y UGT que se respetara el servicio de informativos de IB3 y la retransmisión del partido de la liga de Campeones previsto para el día 29, una petición que las centrales también rehusaron al considerar que "no son servicios esenciales", puesto que, en palabras de Díaz, "hay noticias en otras cadenas".

Por la mañana, el comité de huelga se reunirá para pactar la propuesta conjunta que presentará en este sentido ante el Govern, que, según la responsable de Acción Sindical de CCOO, quiere mantener una situación de "cierta normalidad", que, a su juicio, "no es posible" porque un día de huelga "no es un día normal".

No obstante, el Ejecutivo y las centrales alcanzaron un acuerdo en cuanto a los servicios mínimos que se ofrecerán en ámbitos como la sanidad, la educación y la Función Pública, en los que se adoptarán las mismas prestaciones que en 2002.