El Tribunal Constitucional considera que ninguna competencia estatal en materia de recursos hidráulicos supracomunitarios resulta "invadida" por la gestión que el Estatuto de Cataluña establece sobre las aguas del río Ebro, por lo que no existe "vulneración" ni "menoscabo" de derechos de otras regiones como la Comunidad Valenciana.

Así consta en la sentencia redactada por el alto tribunal para dar respuesta al recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat Valenciana contra el Estatuto de Cataluña, que se ha dado a conocer en su integridad este jueves junto a las correspondientes a los recursos promovidos por los gobiernos de Aragón y Baleares.

Con respecto a la gestión del Ebro, el Ejecutivo valenciano recurrió el artículo 117.4 del Estatut, que atribuía al Gobierno catalán la capacidad de "emitir un informe preceptivo para cualquier propuesta de trasvase de cuencas que implique la modificación de los recursos hídricos de su ámbito territorial".

En su sentencia sobre el recurso interpuesto por el PP, dictada el pasado 28 de junio, el TC ya contestó que el informe de la Generalitat sobre esta cuestión es "preceptivo" pero "no vinculante", por lo que se "establece un razonable mecanismo de colaboración" entre Cataluña y el resto del España que "se compadece con el principio de cooperación" entre ambas partes.

No afecta a otras comunidades

En esta nueva resolución apunta que "si la competencia en materia de recursos hidráulicos supracomunitarios no resulta desconocida ni invadida por el precepto impugnado, no cabe concluir tampoco que se produzca una vulneración de los principios de coordinación y participación de las comunidades autónomas en régimen de igualdad".

De igual forma, el tribunal defiende que la norma estatutaria catalana tampoco provoca "menoscabo" en las competencias de las Confederaciones Hidrográficas y del Consejo Nacional del Agua, ni afecta a los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

En relación con las competencias en materia de financiación recurridas por el Ejecutivo de Francisco Camps, entre las que se encontraba las relativas a la Agencia Tributaria de Cataluña, la sentencia destaca que ninguna de ellas vulnera la distribución de competencias y los principios de solidaridad y redistribución de la riqueza consagrados en la Constitución.

Cuatro votos particulares

La sentencia sobre este recurso cuenta con el voto particular discrepante de los magistrados Ramón Rodríguez Arribas, Vicente Conde, Javier Delgado y Jorge Rodríguez Zapata, que se remiten a los escritos que suscribieron en relación con la sentencia dictada para dar respuesta al recurso presentado por el PP.

Así, por ejemplo, Rodríguez Arribas criticó que se diera visto bueno al hecho de que "la financiación de la Generalitat no debe implicar efectos discriminatorios para Cataluña respecto de las restantes comunidades autónomas" algo que, en su opinión, infringe la Constitución, que establece que "no se puede ser más que otros", cuando lo que el Estatut dictamina supone "no ser menos que nadie", algo que "es muy distinto".

Además, consideraba este magistrado que no puede aceptarse, tal y como establece el Estatut, que la Generalitat disponga de "capacidad normativa completa" sobre los tributos estatales cedidos a través de una norma estatutaria y no por ley del Estado, porque los convierte en tributos autonómicos y hace "irreversible" la cesión, con lo que se produce un "desapoderamiento del Estado en materia de Hacienda general".

Por su parte, Conde calificó de "forzado" en su voto particular de la primera sentencia sobre el Estatut el tratamiento dado al tema de las competencias, al entender que las exclusivas del Estado "no pueden estar mediatizadas por ningún tipo de intervención" en ellas de una comunidad autónoma.

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Europa press aragón)

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