Amorós ha recordado que en una reciente comparecencia pública, ya indicó que él no tiene que "ver que el tema de la adjudicación de la contrata de las basuras en el Consorcio Comarcal de Residuos de la Vega Baja, y ningún órgano judicial competente se ha dirigido a mí para acusarme o imputarme nada con respecto a estos asuntos".

Amorós, que ha resaltado su "orgullo por ser y seguir siendo socialista", ha anunciado que reclamará el derecho de rectificación ante todos aquellos medios que han publicado que se encuentra imputado por estos hecho, "extremo que no puede ser porque no ha habido ninguna imputación formal, no hay ninguna comunicación y, sobre todo, no he hecho nada ilícito, ni contrario a las normas".

El diputado socialista además ha explicado que "el papel de los miembros de la oposición es muy limitado a la hora de controlar o influir en procesos como el que se me está atribuyendo".

"Hemos hecho nuestra labor de control, hemos recibido a mucha gente que quería contarnos y preguntarnos cosas, pero nunca hemos — ni yo ni ningún otro diputado socialista— cruzado la línea roja de la legalidad", ha indicado en el escrito.

Amorós también ha aclarado que "de las conversaciones de terceros deberán responder ellos mismos, porque se pueden interpretar de mil maneras, aunque de momento los filtradores le han dado la interpretación más negativa contra mí y más laxa contra los propios autores, una interpretación malévola que también han querido aprovechar en el seno de mi partido por intereses crematísticos".

FOTOGRAFÍAS

El diputado socialista ha considerado que las fotografías —recogidas en el informe policial del caso— en las que él aparece, "entran dentro de la normalidad, son propia de la labor y el cargo de portavoz, porque no se puede entender la actividad pública y política sin interlocución con los ciudadanos, indistintamente de su condición, profesión, o cualquier otra circunstancia".

Además ha remarcado que, como estas fotos publicadas por la prensa, "pueden existir miles con compañeros de partido, compañeros de otros partidos, vecinos de la Vega Baja, empresarios, y sindicalistas, sin que ello sea motivo de sospecha".

"Lo sospechoso, en una persona que ostenta un cargo institucional en una entidad como la Diputación, es que no me reuniera con nadie, que no me viera".

Amorós ha señalado que "hubo un alineamiento con las tesis del alcalde de Albatera (Alicante) que, por interés en la defensa de sus ciudadanos, consideraba que su localidad no era la propicia para la instalación de un vertedero. Y luego, una vez aprobada la adjudicación en una partida de Torremendo nos opusimos con alegaciones a que se variara la ubicación".

"No hemos tenido más participación que las propias de un grupo en la oposición; no hemos tenido más interés que en crear este servicio básico para la comarca de la Vega Baja; y no hemos ejercido nuestra labor de mediación más allá de lo que marcan el criterio de defensa de los municipios y sus ciudadanos", ha declarado.

No obstante, ha lamentado que "estas situaciones hayan sido aprovechadas por propios y extraños para correr una densa cortina de humo que aligerara la presión mediática sobre otras personas, que están o no imputadas, pero de cuyas investigaciones policiales si se desprende una participación directa en estos hechos".

Amorós ha mostrado su disposición de "continuar trabajando desde las filas socialistas para que se aclare la situación, se tomen medidas políticas y se resuelva la situación de bloqueo que persiste en el vertedero de la Vega Baja".