La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha asegurado este miércoles que las sentencias en contra de varias encomiendas de gestión por parte de la Junta de Andalucía a empresas públicas o fundaciones tiene un alcance "limitado" y que no alteran el normal funcionamiento de los servicios públicos de la Administración.

Aguayo ha comparecido en el Pleno del Parlamento andaluz, a petición del PP-A, para informar sobre las repercusiones de varias sentencias y decisiones judiciales, relativas a encomiendas de gestión por parte de la Junta a determinadas empresas públicas y fundaciones.

En este sentido, la consejera del ramo ha indicado que la Administración andaluza, a través del Decreto Ley 5/2010, convalidado recientemente por la Cámara andaluza ha adoptado medidas al respecto. Asimismo, ha precisado la encomienda de gestión es un mecanismo de relación ordinario entre las administraciones y sus entes dependientes.

Según ha explicado Martínez Aguayo, el Estatuto Básico del Empleado Público viene a modificar en profundidad el régimen jurídico de los funcionarios públicos y el resto de empleados al servicio de las administraciones públicas, en términos que precisa de su interpretación por los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Ante ello, ha manifestado que la Junta ha decidido introducir diversos cambios jurídicos en la Ley de Administración de la Junta de Andalucía, con el objeto de adaptar los actos de gestión y el funcionamiento de los entes instrumentales a los nuevos criterios interpretativos establecidos por los tribunales, tras la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público.

La consejera ha insistido en que tras las resoluciones judiciales "en ningún caso estamos ante la anulación de las políticas públicas planificadas por el Gobierno andaluz", añadiendo que los órganos judiciales han determinado que tales actividades deben ser realizadas por funcionarios públicos, de acuerdo con la nueva regulación.

"El impacto de las resoluciones judiciales se limita al instrumento jurídico utilizado y no afecta al normal funcionamiento de los órganos administrativos, que han continuado desarrollando las políticas públicas, utilizando otros mecanismos y medios de gestión", ha apuntado Martínez Aguayo.

Asimismo, la consejera del ramo ha indicado que estamos ante un proceso "normal y ordinario" en el ámbito del Derecho Público, "como algo vivo y en evolución". Ha insistido en que las sentencias no han afectado a ningún ciudadano, ni perjudicado sus intereses, "tal y como pueden comprobar de la lectura de las resoluciones". PP-A

Critica la "administración paralela"

Por su parte, el diputado del PP-A Jorge Ramos ha criticado que la consejera del ramo no haya reconocido "con humildad" el error cometido y planteado soluciones al respecto, sino que "venga a hablar de los efectos limitados de las sentencias, puesto que nos hechos consumados que ya no tienen solución".

Ramos asegurado que la Junta de Andalucía ha "desvirtuado" el concepto de una administración profesionalizada y que las protestas de los sindicatos al respecto son "permanentes". "Los funcionarios se sienten frustrados y despojados de sus competencias, enviadas a una administración paralela".

Asimismo, el diputado del PP andaluz ha censurado que la Junta de Andalucía haya incrementado el número de empresas públicas durante la situación de crisis económica, cuando, a su juicio, debería haber decrecido. "En 2009 había 317 entes públicos y a fecha de enero de 2010 se ha pasado a 350", ha apuntado.

En opinión de Ramos, es ahí donde radica el problema "que sin duda preocupa a los funcionarios de carrera, que se están viendo reemplazados por esa administración paralela que ustedes han creado". Según ha apuntado, en vez de una administración "eficaz, transparente y austera", en Andalucía se cuenta con una administración "ineficiente, opaca y derrochadora que supone más de 5.000 millones al año".

En su turno de réplica, Martínez Aguayo ha subrayado que los funcionarios son esenciales para dotar de seguridad jurídica el funcionamiento de la Administración y para velar por la defensa y protección de los derechos e intereses de la ciudadanía. "El funcionario siempre se ha situado en el centro de nuestra actuación administrativa, ocupando el papel más relevante en la prestación de nuestros servicios públicos", ha concluido.