El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha decidido mantener la vigencia del decreto del plurilingüismo en la enseñanza no universitaria y rechazar la solicitud de suspensión cautelar solicitada por la asociación A Mesa pola Normalización Lingüística.

Según ha señalado la Consellería de Educación e Ordenación, el TSXG ha tomado esta decisión el pasado lunes 13 de septiembre. De este modo, el departamento autonómico ha destacado que el rechazo del alto tribunal a las medidas cautelares demuestra "que no existe prejuicio irreparable al gallego" a raíz de la aplicación del decreto 79/2010.

Frente al argumento de A Mesa de que la norma es "contraria a derecho, perjudica los intereses generales y no beneficia a nadie", Educación asegura que el TSXG ve dichas afirmaciones como "consideraciones genéricas que nunca pueden servir de bases para adoptar una medida como la solicitada".

Posteriormente, con respecto a la alegación de A Mesa de "apariencia de buen derecho", el tribunal señala que no se puede adelantar un juicio valorativo sobre consideraciones que corresponden a la futura sentencia. Asimismo, rechaza la afirmación de la asociación de que el Consello Consultivo ha cuestionado la legalidad de todos los preceptos del decreto. "Esto no es así", dice.

Por último y en alusión al argumento de que la norma provocará "graves perturbaciones psicológicas" en los menores por los cambios de idioma, Educación aclara que el TSXG "vuelve a confirmar que son afirmaciones carentes de toda prueba".

"habrá que esperar"

Por su parte, el presidente de A Mesa, Carlos Callón, ha señalado en declaraciones a Europa Press que "lo lamentable" de la decisión del alto tribunal es que habrá "que esperar dos años o tres años" a que se dicte sentencia sobre los recursos presentados por la asociación, la Real Academia Galega y los sindicatos educativos contra el decreto del plurilingüismo.

A pesar de ello, Callón ha aclarado que "las medidas cautelares no son una sentencia" y "no significa que el tribunal ratifique el decretazo", además de recordar "los informes jurídicos" que ratificaron la "ilegalidad" de la norma.