El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Oviedo ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por Pilar González Páramo, vecina del núcleo zoológico El Bosque, contra la licencia de actividad otorgada por el Ayuntamiento a esta granja escuela en noviembre de 2009.

Según informaron fuentes judiciales a Europa Press, a la vista del fallo judicial, el expediente debe remitirse a la Consejería de Medio Ambiente del Principado para que califique la actividad, "al margen de la autorización previa que en su caso debería otorgar la CUOTA".

Para el magistrado Miguel Ángel Carbajo, "si la Administración entendía que no concurrían los impedimentos urbanísticos para la concesión de la licencia, no podía concederla sin más cuando no constaba el informe de calificación y, en su caso, las medidas correctoras que deberían adaptarse ante una actividad que se estimaba molesta, nociva e insalubre".

Además, el juez recuerda que las actividades clasificadas tienen, según el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas(RAMINP) "un régimen especial de silencio a efectos de licencia", con lo que, "que el Ayuntamiento entendiese que no había impedimento urbanístico para la concesión, no significaba sin más que se entendiera concedida la licencia".

Ello supone, según el tribunal, que "debería haberse seguido el procedimiento de calificación regulado en los artículos 30 a 33 del Reglamento", incoando el expediente y siguiéndose los trámites en ellos previstos: información pública, notificación a vecinos, informes de los técnicos municipales competentes y remisión al órgano autonómico.

Contra la sentencia, que otorga la razón a la representada por el abogado Manuel Cabaleiro, cabe interponer recurso de apelación en un plazo de quince días.

En el núcleo zoológico El Bosque, regentado por Gonzalo Rubio, conviven 196 animales de los cinco continentes y más de 150 especies de plantas. Para el propietario, la estimación del recurso "no tiene cabida, el Ayuntamiento recurrirá y todo se solucionará". "Cumplimos todas las leyes en vigor del Principado", subraya, tras casi cinco años de "lucha".