Las Cortes de Castilla y León han aprobado con el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular la Ley de Salud Pública y Seguridad Alimentaria que incluye tres comités de control y una Red de Vigilancia Epidemiológica y contempla sanciones de entre 300 y 600.000 euros.

Según ha explicado el consejero de Sanidad, Francisco Javier Álvarez Guisasola, la nueva normativa, que sustituye y amplia la normativa vigente desde 1993, tiene como objeto establecer el marco legal por el que las administraciones públicas de la Región promoverán y tutelarán la salud pública y la seguridad alimentaria y regular el régimen general de obligaciones de las personas físicas y jurídicas que realicen actividades con incidencia sobre la salud individual o colectiva.

Para el consejero, la nueva Ley de Salud Pública y Seguridad Alimentaria es una norma "comprometida" con la sociedad, a la que da respuestas a las demandas actuales y futuras, y "exigente" con los poderes públicos, además de "integradora e innovadora". Álvarez Guisasola ha augurado que servirá para lograr una mejor gestión sanitaria en Castilla y León y ha afirmado que influirá en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma.

Desde el PSOE, la procuradora Consuelo Villar, encargada de defender las 14 enmiendas parciales que se mantuvieron para el debate y que han sido rechazadas -otras 6 han sido admitidas a trámite en Ponencia y otra ha sido transaccionada—, ha expresado "serias dudas" respecto a que éste sea el momento más adecuado para aprobar una ley autonómica en este sentido cuando están pendientes de debate dos proposiciones de ley estatales.

Villar ha rechazado la utilidad de esta nueva norma para los profesionales sanitarios y para los castellanoleoneses en el objetivo de mejorar las políticas en salud pública y seguridad alimentaria en Castilla y León y ha considerado que sólo sirve para que el PP cumpla un compromiso electoral. "No está a la altura de las necesidades de los ciudadanos", ha insistido la procuradora, que ha puesto sobre la mesa carencias, como una definición clara de conceptos básicos como salud pública o análisis de riesgos o una memoria económica o presupuesto.

Por su parte, la procuradora 'popular' María Pilar Álvarez Sastre ha rechazado las carencias señaladas por los socialistas en una "magnífica" ley realizada "con la participación de todos".

La nueva normativa pretende establecer el marco legal por el que las administraciones públicas de la región promoverán y tutelarán la salud pública y la seguridad alimentaria así como regular el régimen general de obligaciones de las personas físicas y jurídicas que realicen actividades con incidencia sobre la salud individual o colectiva.

Castilla y León es la primera en legislar la Salud Pública y Seguridad Alimentaria de manera conjunta y la tercera, tras Cataluña y Valencia, en regular de este modo la salud pública, por lo que el consejero ha defendido la vinculación de las dos materias y ha destacado que a la Administración le corresponde la vigilancia del cumplimiento de la norma, lo que se llevará a cabo por medio de la creación de los Comités de Control de la Cadena Alimentaria y de Vigilancia Sanitaria Ambiental.

Estos dos órganos están constituidos por representantes de las consejerías de Sanidad, Agricultura y Medio Ambiente y a ellos se sumará un Comité Científico de Seguridad Alimentaria y de Seguridad Ambiental que, con criterios puramente técnicos, serán los responsables de evaluar algunos riesgos o situaciones que puedan producirse y asesorarán a la Administración.

Se establece la creación de una Red de Laboratorios de Control oficial que estarán "perfectamente acreditados y reconocidos" tanto a nivel nacional como internacional para llevar a cabo su función ya que se refuerzan los sistemas de adopción de medidas especiales como cierre de establecimientos, suspensión de actividad e intervención de medios materiales.

En referencia al régimen sancionador se establece la calificación, la graduación, la responsabilidad, la prescripción y la competencia y el procedimiento y establece sanciones que oscilarán entre los 300 euros en el caso de las leves, que podrán ser impuestas por las delegaciones territorial, hasta los 600.000 euros, cuya decisión correspondería al titular de Sanidad.

La nueva norma, compromiso de Legislatura del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, incorpora de forma expresa las siete actuaciones establecidas para todo el Sistema Nacional de Salud: información y vigilancia epidemiológica, protección y promoción de la salud, prevención de las enfermedades y las deficiencias, vigilancia y control de los posibles riesgos para la salud derivados de la importación, exportación o tránsito de mercancías y del tráfico internacional de viajeros, promoción y protección de la sanidad ambiental, salud laboral y la seguridad alimentaria.

A ellas, no obstante, se suman otras seis como propias de Castilla y León: la ordenación e inspección sanitaria y farmacéutica, la investigación biosanitaria y biotecnología, la formación, la información sanitaria y el control analítico en laboratorios.

Organización administrativa y territorial

En el título II se regula la organización administrativa y territorial de modo que la primera establece que las actuaciones se llevarán a cabo, con carácter integral, desde las diferentes estructuras administrativas de salud pública centrales y periféricas (consejería de Sanidad y servicios territoriales), desde las nuevas demarcaciones sanitarias y desde las estructuras de atención primaria y especializada de Sacyl mientras que la territorial regula las demarcaciones sanitarias, que van a ser el territorio de actuación en el que se desarrollarán las prestaciones.

Estas se crearán mediante la agrupación de varias Zonas Básicas de Salud, respetándose en todo caso el ámbito de la provincia, lo que permitirá la homogeneización de los ámbitos territoriales de actuación de los servicios veterinarios oficiales y los servicios oficiales farmacéuticos, la optimización de los recursos de personal y medios materiales, y la creación de un equipo de salud pública que tendrá un carácter multidisciplinar y se organizará bajo el principio general de polivalencia de funciones.

La nueva norma, además, regula de forma unitaria las redes de vigilancia relacionadas con la salud pública y seguridad alimentaria —Red de Vigilancia Epidemiológica de Castilla y León, la Red de Alertas Farmacéuticas de Castilla y León, la Red de Alerta Rápida Alimentaria de Castilla y León y la Red de Alerta Rápida de Sanidad Ambiental de Castilla y León— y el Gabinete de Crisis, de carácter no permanente y que se constituirá ante situaciones no solventables con medidas especiales.

El título III está dedicado a la seguridad alimentaria y la sanidad Ambiental y, entre otras novedades, establece los principios de seguridad alimentarios que se aplicarán tanto para los alimentos que se consumen en Castilla y León como para los destinados al resto de España, UE y terceros países, los principios de análisis de riesgo partiendo de una evaluación científica de peligros y riesgos y el principio de seguridad alimentaria a lo largo de toda la cadena de producción de alimentos, desde las explotaciones agrarias hasta la puesta de alimentos a disposición de los consumidores.

Por último, la Ley incluye en su disposición final primera la modificación de la Ley de Ordenación Farmacéutica, de 2001, que a partir de ahora obligará a tener depósito autorizado de medicamentos para determinados establecimientos en los que, sin ser la actividad sanitaria la principal, incorporan servicios sanitarios y establece la posibilidad de revocar la autorización por incumplimiento de las obligaciones que motivaron su otorgamiento.