La sección española de Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que la situación de los menores con trastornos de conducta internados en centros terapéuticos continúa siendo de "riesgo" porque ni el Gobierno ni las Comunidades Autónomas, entre ellas Andalucía, han avanzado en proporcionar más garantías, pese a los informes del Defensor del Pueblo y la propia ONG que en 2009 revelaron la existencia de "castigos corporales", "contenciones físicas", "sobremedicación" y "ausencia de control judicial" en estas instalaciones.

Así lo expone la organización en el informe 'Si vuelvo me mato II', que da continuidad al presentado en diciembre de 2009 para analizar cuál ha sido la respuesta de las administraciones competentes desde entonces.

Concluye que los avances son "prácticamente inexistentes" porque, entre otras razones, "las autoridades estatales y autonómicas han mostrado más preocupación por su propia imagen que por una revisión seria de su normativa, políticas y acciones".

En concreto, Amnistía expresa "serias dudas sobre la voluntad política" del Ministerio de Sanidad y Política Social "por pasar a la acción" en este asunto y denuncia que las comunidades directamente implicadas en los informes —Madrid, Cataluña y Andalucía—, "han mantenido básicamente posturas defensivas" y en algunos casos, "han llegado a tratar la situación denunciada como un asunto de simple alarma social".

Concretamente en el caso de Andalucía, AI asegura que "no conoce que se haya tomado ninguna medida para mejorar la situación de los menores en Centros de Protección Terapéuticos, pese a ser la Comunidad Autónoma con mayor número de este tipo de centros según datos del Defensor del Pueblo Español".

Asimismo, la organización ha informado de que en la reunión sostenida con la Fiscal Coordinadora de Menores y el Fiscal de Menores en Sevilla, las instituciones trasladaron las siguientes "inquietudes: la necesidad de un reglamento específico para estos centros, así como que los ingresos cuenten con autorización judicial, la conveniencia de informatizar el registro de menores ya que en la actualidad es inexistente y las carencias existentes en la atención de la salud mental, así como necesidades en torno a los equipos técnicos".

En lo que se refiere a la salud mental de los menores, las preocupaciones de estas entidades se sintetizaban en la necesidad de llevar a cabo acciones para un diagnóstico precoz y la disponibilidad de recursos especializados en psiquiatría infantil.

Protocolo entre gobierno y ccaa

El director de la Sección Española de AI, Esteban Beltrán, ha explicado en rueda de prensa que el "único avance relativo" es la aprobación de un protocolo entre el Gobierno y las comunidades autónomas con criterios comunes de actuación para los centros terapéuticos. Para la responsable de política interior de la organización, el documento es "claramente insuficiente" porque no es vinculante y contempla como medida disciplinaria el confinamiento en celdas de aislamiento.

Respecto al Ministerio Fiscal, aunque Amnistía dice valorar "la disposición mostrada", señala que "las funciones de inspección en los Centros de Protección Terapéuticos no se han desarrollado con la frecuencia prevista y no tienen características similares para garantizar la debida diligencia en la protección de los derechos de los menores".

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Si vuelvo me mato i'

El informe de referencia publicado el pasado año denunciaba que en los centros para menores con problemas de conducta se realizaban procedimientos administrativos sin garantías y existían barreras para acudir a la justicia, dejando a los chicos en situación de "indefensión y la incertidumbre" ya que "carecen de información, asistencia legal, y mecanismos reales, efectivos y protegidos para formular sus quejas y denuncias sobre presuntos abusos".

Asimismo, el trabajo revelaba que en estas instalaciones se producían "castigos y prácticas que pueden ser equivalentes a torturas o trato cruel, degradante o inhumano o que contravienen normas internacionales" como castigos corporales, aislamientos forzados, humillaciones, revisiones invasivas de carácter abusivo, sobremedicación y contenciones físicas y químicas con carácter sancionador.

Según el citado informe, todo esto se produce sin que existan mecanismos de supervisión por parte de las administraciones públicas y mientras se produce un "incumplimiento de la normativa" existente en materia de supervisión por parte del Ministerio Fiscal. Además, la organización acusa "deficiencia" en la recopilación de datos y su actualización y afirma que no hay información pública basada en datos fiables y comparables de todo el Estado".

Estos son algunos de los motivos que han llevado a cuatro jóvenes a denunciar al centro hogar de Galapagar, en Madrid, que está siendo investigado. Su abogado, Endika Zulueta, ha explicado ante los medios que los chicos son sometidos a contenciones verbales, químicas y mecánicas e incidió en que muchos no lo denuncian porque se trata de menores que han sufrido todo tipo de abusos desde su infancia y que tienen "normalizado el maltrato".

Revisión en la onu

España se examina este miércoles ante la ONU sobre el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, momento que Amnistía considera "una buena oportunidad para priorizar este asunto y dedicar los esfuerzos necesarios para mejorar la situación de los menores" con trastornos de conducta desarrollando una ley que proteja sus derechos.

Para la organización, la norma debe asegurar que "todo el sistema de protección toma como guía las normas internacionales" y que se ejercen las funciones de inspección "con la debida diligencia" así como "cumplir con investigar de manera exhaustiva e imparcial las alegaciones de abusos, garantizando a quienes denuncian que no serán objeto de represalias".