El responsable de Economía en el grupo municipal socialista de Castellón, Javier Peris, ha asegurado que "la Generalitat no ha autorizado la operación de préstamo con que el equipo de gobierno municipal pretendía financiar diversas inversiones, entre ellas los presupuestos participativos de 2010".

Peris se ha pronunciado así en un comunicado tras las declaraciones del alcalde de Castellón, Alberto Fabra, quien ha manifestado este martes que "iniciará el procedimiento de presupuestos participativos si el Gobierno clarifica que las condiciones de endeudamientos de los Ayuntamientos permitirán no ahogar a las administraciones locales".

Al respecto, ha replicado "se ha comprobado que la paralización de los presupuestos participativos no se debe a los límites al endeudamiento impuestos por el Gobierno, sino a la caótica, temeraria y desquiciante política financiera municipal" y ha acusado al PP de haber "llevado la gestión municipal a un callejón sin salida"-

Además, el edil socialista ha denunciado que Alberto Fabra "está incapacitado para sacar a Castellón de la crisis".

Ha argumentado, en este sentido, que Fabra "es el firmante de la memoria justificativa de la tercera modificación de créditos del presupuesto municipal este año, que será aprobada en el pleno ordinario del 30 de septiembre" y en la que señala que "ha surgido la necesidad de financiar gastos que no pueden demorarse hasta el próximo ejercicio por no haberse autorizado por el órgano de tutela financiera la operación de préstamo prevista en el presupuesto".

Peris ha indicado que las operaciones financieras del Ayuntamiento de Castellón "están siendo tuteladas por la Conselleria de Economía y Hacienda desde que el Gobierno municipal se vio obligado a aprobar en 2008 un Plan Económico Financiero para tratar de estabilizar las cuentas municipales".

Ha reprobado asimsimo que "el PP ha incumplido tanto las directrices de este documento como las del Plan de Saneamiento Financiero aprobado ese mismo año, circunstancia que —a su juicio— ha llevado a la Generalitat a vetar la operación de crédito de 7,3 millones de euros prevista para 2010".

El edil socialista ha insistido en que "las mentiras del concejal Pérez Macián han salido ahora a la luz y se ha comprobado que la paralización de los presupuestos participativos no se debe a los límites al endeudamiento impuestos por el Gobierno, sino a la caótica, temeraria y desquiciante política financiera municipal".

Por este motivo, ha reivindicado que el responsable de Economía y Hacienda "debería poner su cargo a disposición del alcalde de forma inmediata y dejar que sea otro compañero del equipo de gobierno, menos inepto, el que asuma la gestión de la crisis financiera".

Obras incluidas en el préstamo "vetado"

En cuanto al préstamo de 7,3 millones de euros "vetado" por la Conselleria, ha precisado que debía destinarse a financiar las obras, urbanización y mobiliario del Palau de la Festa (más de 4 millones de euros), las mejoras en el servicio del Bicicas, el desarrollo del mapa del ruido, infraestructuras para los parques y jardines, material para la escuela-taller, adquisición de mobiliario para dependencias municipales y la totalidad de los proyectos vecinales incluidos en los presupuestos participativos.

Peris ha explicado que el plan económico-financiero se aprobó hace dos años y medio para "lograr el objetivo de equilibrio presupuestario, que se había vulnerado en la aprobación de las cuentas municipales", dado que "daba un margen de tres años para cuadrar la contabilidad municipal, por la existencia de un desfase millonario".

No obstante, ha denunciado que "se han incumplido" la "mayoría" de las medidas de gestión, tributarias, financieras y presupuestarias incluidas en dicho plan, como las de "no incrementar la plantilla de personal, limitar el incremento de retribuciones, reducir las horas extraordinarias, aumentar un máximo del 3 por ciento del gasto corriente y limitar la suscripción de préstamos".

Además, el concejal del PSPV ha recordado que "se fijaban los objetivos de mejorar la eficiencia de los servicios públicos realizando un estudio de los contratos en vigor que posibilite una reducción de costes, aprobar medidas de ahorro del gasto corriente no necesario, firmar convenios de colaboración con otras administraciones públicas para cofinanciar servicios y justificar las propuestas de nuevos gastos".