UGT manifiesta su "enérgica" y "total" oposición ante el recorte de 83 empleados en la Administración regional

La Federación de Servicios Públicos (FSP)-UGT Asturias ha manifestado su "enérgica" y "total" oposición a los recortes que se están haciendo al empleo público por parte de la Administración del Principado de Asturias, aludiendo al planteamiento del Ejecutivo de suprimir 83 puestos de trabajo en la reunión de la Mesa General.

La Federación de Servicios Públicos (FSP)-UGT Asturias ha manifestado su "enérgica" y "total" oposición a los recortes que se están haciendo al empleo público por parte de la Administración del Principado de Asturias, aludiendo al planteamiento del Ejecutivo de suprimir 83 puestos de trabajo en la reunión de la Mesa General.

Ha recordado que desde el primer momento la Federación ha manifestado su desacuerdo con todo tipo de recortes, salariales, sociales y de empleo, y ha señalado la convocatoria de una huelga el pasado 8 de Junio en el ámbito de la Función Pública con el objeto de denunciar la situación.

"El tiempo nos ha dado la razón: se recortan ayudas sociales, no hay oferta de empleo público, no se cubren plazas, se suprimen puestos de trabajo en las diferentes consejería", han lamentado desde el sindicato.

Argumentan que las plazas que se suprimen son entre otras, de la Consejería de Educación: en los centros educativos se suprimen operarios de limpieza; en la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras se suprimen brigadas en la conservación de carreteras. Así mismo se suprimen vacantes en el Servicio de Patrimonio, concretamente en la escala de conductores tanto de servicios generales como especiales.

Así, FSP-UGT considera que detrás de la decisión está una privatización de estos servicios. "¿Qué será lo próximo?, ¿tal vez los siguientes en sufrir los ajustes serán los asesores, los altos cargo?", se preguntan desde FSP-UGT Asturias.

Por último, el sindicato ha insistido en defender unos Servicios Públicos "objetivos, neutrales e independientes". Los empleados públicos, afirman, no son los responsables de esta crisis y por lo tanto no deben ser los que paguen la "mala organización".

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