La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO Asturias ha cargado este martes contra el Gobierno del Principado de Asturias por su intención de "eliminar" 83 puestos de trabajo en la Administración. A su juicio, se trata de una nueva medida que "atenta" contra el empleo público y contra los servicios que el Principado de Asturias presta a los ciudadanos.

Así lo han manifestado en rueda de prensa el secretario general de FSC-Asturias, Jesús González, el secretario de Empleo y Seguridad Social FSC-Asturias, Melchor Salvadores, el responsable de Empleo del Sector de la Autonomía del Principado, José Manuel Rodríguez Mata, y el secretario de Acción Sindical, José Antonio Fernández, tras la Mesa General de Negociación de la Comunidad Autónoma. En la citada reunión participaron por parte de la Administración estuvieron presentes el director general de Función Pública y el director general de Recursos Humanos y Planificación, explicaron desde CCOO.

Así, el número de puestos de trabajo de los que se prescinde se completa con 39 puestos de personal laboral y 44 puestos de funcionario. El sindicato advirtió que en este nuevo recorte no están incluidos las reducciones en el ámbito docente y en el personal del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Jesús González exigió responsabilidades por esta circunstancia a la consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya. Según los miembros del sindicato, lo que pretende el Gobierno es comenzar un proceso de "privatización" con empresas que harán esas funciones, con el consiguiente "deterioro" de la calidad.

Y es que, según los sindicalistas, los representantes del Gobierno regional han reconocido en la reunión que los puestos de trabajo que se suprimen son necesarios, pero han argumentado que en este momento no hay dinero. Además, añaden los sindicatos, desde el Ejecutivo se señaló que la medida no era agradable y que por eso afectaba a puestos de trabajo que están vacantes.

Pero esa explicación no le sirve a CCOO. José Antonio Fernández ha dicho que la "obligación" del Gobierno es mantener la calidad de los servicios públicos destinando las partidas que sean necesarias disminuyendo otro tipo de gastos. Así, señaló que el número de asesores con los que cuenta el Ejecutivo regional "nunca se recorta".