El Parlamento gallego tramitará una proposición de ley para modificar la Ley de Costas estatal con el fin de "legalizar" los núcleos tradicionales del litoral gallego, tras apoyar PPdeG y BNG la toma en consideración de esta propuesta impulsada por los populares, que ha rechazado el PSdeG por interpretar que su redacción esconde "un intento de privatizar la costa" y de beneficiar "a alguien que no son los vecinos".

Los argumentos del diputado popular José Fervenza, encargado de defender la iniciativa, no convencieron a la parlamentaria socialista Mar Barcón, quien ha denunciado que la intención del PP no es "legalizar los núcleos afectados e incomprendidos" de varias localidades costeras de Pontevedra, sino beneficiar "a alguien que no son los vecinos" y "privatizar el uso de la costa".

"Yo no sé quien ha sido el autor, pero esto no va de núcleos, va de 'show business'", ha ironizado la portavoz socialista, antes de subrayar que el Gobierno gallego —con el popular Alberto Núñez Feijóo al frente— tuvo la oportunidad de reconocer estos núcleos tradicionales en el Plan de Ordenación del Litoral (POL). "Y no lo han hecho", ha reprobado Barcón, para avisar, al tiempo, de que el PP irá "sólo" en el camino de "arreglar la vida a alguien que no son los vecinos".

Molesto por los comentarios de la socialista, Fervenza, quien ha reivindicado la "singularidad" de la costa gallega y ha pedido "justicia moral y legal", la ha instado a "leerse la prensa, que es lo primero que se hace por la mañana, si quiere ver nombres y apellidos", en velada referencia al auto del Tribunal Supremo (TS) que declara firme la sentencia que ordena derribar el chalé que la ex conselleira y diputada socialista Carmen Gallego ubicado en Vilaboa (Pontevedra), publicado este martes.

Por su parte, la nacionalista Teresa Táboas ha justificado su apoyo a la propuesta popular "por responsabilidad" y ha avanzado su intención de mejorarla mediante enmiendas durante el período de tramitación parlamentaria, aunque ha criticado el "cinismo" del PP propiciado, a su juicio, por la cercanía de las elecciones municipales. Por ello, le ha instado a llevar esta iniciativa directamente al Congreso de los Diputados si realmente quiere que salga adelante.

Convencida de que si los populares dan este paso la proposición se podría debatir "en un mes", Táboas ha ironizado con las palabras de Fervenza, quien aludió en su intervención a la "situación kafkiana" de los núcleos de Marín, reivindicando que se trata de una cuestión "de identidad" y no de "interpretación". "Ni kafkiana ni de Nietzsche", ha concluido.

Frente a ello, José Fervenza ha recordado a Táboas que la diputada del PP María Ramallo "sí" llevó esta problemática a la Cámara baja el pasado año y ha lamentado la postura de los socialistas, tras insistir en que esta modificación que tramitará la Cámara gallega sólo beneficia "a los vecinos que pueden perder sus propiedades". MODIFICACIONES

Como avanzó el portavoz parlamentario del PPdeG, Manuel Ruiz Rivas, cuando presentó esta proposición antes del verano, la pretensión de los populares con esta proposición es modificar la ley vigente para que los suelos de núcleo rural sean reconocidos como "figura urbanística" y que, por tanto, queden "excluidos" del dominio público y en ellos puedan realizarse las obras propias de suelo de núcleo rural definidas en la ley.

En cuanto a la posibilidad de la Administración del Estado de ejercer su facultad de recuperación posesoria, los afectados tendrían derecho a exigir que éste se haga cargo de "todas las cargas hipotecarias y financieras" existentes sobre los bienes si decidiesen ejercer el derecho de pasar a ser titulares del derecho de ocupación y aprovechamiento.

Por último, en el artículo cuatro de la ley se añadiría una nueva disposición transitoria que recoge que los núcleos urbanos consolidados con anterioridad a su promulgación y que hubiesen surgido "al amparo de actos administrativos públicos con fechas anteriores" a la entrada en vigor de la norma, podrán ser excluidos del dominio público marítimo terrestre por decisión administrativa previo informe preceptivo del ayuntamiento y de la comunidad afectados, sin necesidad de recurrir al proceso de desafectación.