El Tribunal encargado del caso 'Ballena Blanca' tiene previsto retomar este lunes el macrojuicio por blanqueo de capitales que comenzó el pasado 15 de marzo y en el que se juzgan a 19 personas, entre ellas al letrado Fernando del Valle, según informaron fuentes del caso.

El juicio se desarrolla por bloques según el contenido del escrito de la acusación pública y, según señalaron a Europa Press las fuentes, en la sesión del lunes empezaría uno nuevo, previsiblemente el sexto, de los 17 bloques previstos. El juicio terminaría en diciembre, según el calendario existente hasta el momento.

En su escrito inicial, la Fiscalía Anticorrupción acusa a Del Valle de 141 delitos de falsedad de carácter continuado, de 13 de blanqueo de capitales, de tres contra la hacienda pública y de uno de falso testimonio. Para éste se estimó al inicio que la cuantía de los bienes y dinero objeto de blanqueo era de 12 millones de euros.

Las conclusiones provisionales señalan que el letrado habría creado "una red de estructuras societarias para ocultar su verdadero patrimonio" y habría diseñado un "entramado internacional de sociedades para eludir a la Hacienda española, con conexiones en Turquía, Argelia, Finlandia, Suecia, Irán, Francia y Marruecos.

Según el escrito, el abogado tenía participación en 194 sociedades extranjeras, la mayoría residenciadas en el estado norteamericano de Delaware y el resto en paraísos fiscales como Gibraltar, Isla de Man, Panamá e Islas Vírgenes Británicas. No obstante, las sociedades que éste o su despacho gestionaban, españolas y extranjeras, eran 523.

El ministerio público concluye que el despacho de Del Valle, ubicado en la localidad malagueña de Marbella, se especializó en dar a sus clientes, generalmente de nacionalidad extranjera, la cobertura necesaria para garantizarles el anonimato de sus inversiones en España.

El sistema consistía, según el fiscal, en crear sociedades de responsabilidad limitada en España, cuyos socios serían, de un lado, una persona jurídica extranjera, y de otro, una persona física española. Por lo general, la persona jurídica extranjera era, a su vez, una sociedad constituida en el Estado de Delaware.

Asimismo, la Fiscalía indica que la investigación puso de manifiesto "la existencia de un determinado número de clientes que se han servido del sistema de ocultamiento de fondos", los cuales estarían relacionados presuntamente "con grupos criminales organizados o que han cometido delitos graves".

El letrado ha sostenido en sus declaraciones que su despacho no intervenía en qué inversiones hacían los clientes, sino que le pedían "asesoría legal" respecto a "inversiones ya pactadas" previamente por éstos. Insistió en que la constitución de empresas era sólo "una pequeña parte" del trabajo del bufete marbellí.

Asimismo, explicó que es "común" que clientes extranjeros pidan que sus inversiones sean canalizadas de esta forma, lo que supone "utilizar al máximo, siempre dentro del marco legal, las ventajas fiscales". Además, mantuvo que el anonimato del cliente que realiza la inversión "no es la finalidad" del sistema.

Del Valle declaró también que se hacían actuaciones para verificar los datos de los clientes e identificarlos y negó que conociese en el momento de llevar a cabo las operaciones si los clientes acusados en esta causa tenían antecedentes penales o eran investigados en otros países.