La Federación de la Pequeña y de la Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) ha denunciado la situación de ilegalidad de 18 establecimientos, agroturismos o fincas de la isla, que llevan a cabo celebraciones como bodas o bautizos sin la licencia necesaria y practican, así, una "competencia desleal" a las empresas legalmente constituidas.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de Pimem, Juan Cabrera, ha exigido a las administraciones que "tomen medidas" ante esta situación y ha abogado por cerrar estos establecimientos "hasta que estén legalizados" ya que, según ha estimado, si celebran unos 25 eventos al año en ellos ganan unos 375.000 euros, cantidad que dejan de ingresar los locales "que sí pagan sus impuestos".

La Federación, tras recibir quejas de sus asociados, se puso en contacto con los ayuntamientos y la Conselleria de Turismo para pedir información de los establecimientos. Así, después de que los consistorios implicados hayan contestado -en la mayoría de las ocasiones- que los agroturismos realmente no cuentan con licencia, Pimem también remitirá un escrito a los departamentos de Sanidad, Trabajo y Hacienda "para que tenga información de estos establecimientos que operan ilegalmente".

Estas fincas que "hacen mucho daño al sector de la restauración" se encuentran en toda la isla. Así, por ejemplo, hay tres en Palma, cinco en Esporles, y otras se encuentran en otras localidades como Llucmajor, Puigpunyent, Inca, Sencelles, Montuïri, Bunyola o Selva.

Asimismo, según han explicado fuentes de Pimem, mientras que en algunos casos se estaban tramitando las licencias necesarias, en otros se ha llegado a comprobar que ni tan sólo contaban con la de apertura e incluso han incrementado el número de plazas ofertadas en sus establecimientos.

Inspecciones de oficio

Cabrera ha remarcado que este tipo de fincas tienen "muchos menos gastos" que las que sí han solicitado las licencias y ha considerado que la administración no sólo tendría que esperar a que se les comunicase el estado de estos establecimientos sino que debería actuar "de oficio" y comprobar en qué situación se encuentran los agroturismos similares.

Según ha destacado, es la administración quien debe "ponerse más que nunca para acabar con la economía sumergida". En este sentido, ha indicado que en algunos de estos establecimientos ilegales algunos partidos políticos han llegado a realizar grandes eventos, aunque "los que contratan no tienen por qué saber si está legalizado" ya que son los propietarios los "caraduras e irresponsables".

Por el momento, Pimem está "a expensas" de la respuesta de la Conselleria de Turismo así como de algunos ayuntamientos sobre la situación de estos 18 establecimientos, aunque continuará denunciando los nuevos casos en función de las quejas que reciban. "Actuamos como portavoces de los socios", aclara el presidente de la Federación.