La Sección Décima da por sentado que los dos gestores –Ramon T. y José María H., ambos con antecedentes por estafa– se compincharon con Diego R. y Feliciano P., administradores de dos empresas inoperativas desde 1998. La trama consistía en «suscribir ofertas de empleo ficticias» a ciudadanos peruanos a cambio de 2.000 dólares. Los jueces admiten en su sentencia que no todos los extranjeros fueron objeto de un timo, ya que algunos eran conscientes de que con los documentos facilitados sólo obtenían un visado pero no un trabajo.

Pagaban engañados

Pero en la mayoría de los casos, los peruanos pagaban creyendo que obtenían un visado, un permiso de residencia y un contrato para una empresa de la construcción o de limpieza.

La sorpresa fue que al pisar Barcelona sólo les esperaba papel mojado y quedaban al margen de la ley.

La sentencia afirma que los cuatro procesados se lucraron con la inmigración ilegal, abusando de la situación de necesidad de este grupo de inmigrantes.