Interior expedienta a los portavoces de las asociaciones de guardias civiles

Francisco García (izquierda), el presidente de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, y Alberto Moya, secretario general de AUGC.
Francisco García (izquierda), el presidente de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, y Alberto Moya, secretario general de AUGC.
José Huesca / EFE

El Ministerio del Interior ha ordenado este viernes abrir expedientes disciplinarios a los portavoces de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y de la Unión de Oficiales (UO), que en una rueda de prensa han acusado al Gobierno de tratarles como a terroristas.

Según informa el instituto armado, la orden ha partido del director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, que considera que las declaraciones de Alberto Moya (AUGC) y Francisco García (UO) constituyen "graves acusaciones contra diversas Instituciones y Autoridades del Estado" que podrían ser constitutivas de infracción del Régimen Disciplinario.

Moya y García han comparecido en rueda de prensa después de que la Delegación del Gobierno en Madrid prohibiera la manifestación convocada para el próximo día 18 por sus asociaciones para pedir que su jornada laboral se equipare a la de la Policía Nacional.

Valoración de los hechos

Fuentes del instituto armado explicaron que ahora se designará un instructor que tendrá que decidir si las manifestaciones de Moya y de García son sancionables y, en ese caso, si constituyen una falta grave o muy grave, después de lo que propondrá el archivo del expediente o la imposición de la correspondiente sanción.

El Régimen Disciplinario de la Guardia Civil contempla como falta muy grave, castigada con hasta la separación del servicio, "la emisión pública de expresiones o manifestaciones contrarias al ordenamiento constitucional o al Rey y a las demás instituciones por ella reconocidas".

Además, es falta grave -que como máximo puede ser sancionada con la suspensión de empleo de uno a tres meses- "la comisión de actos que atenten a la dignidad de las instituciones o poderes del Estado".

Tras conocer la decisión de Interior, el responsable de prensa de AUGC, Manuel del Álamo, dijo que esta decisión "abre la caja de los truenos" y supone un "agravio" y una "represión brutal" contra los representantes de los guardias civiles. Del Álamo suscribió lo dicho por Moya y por García, ya que a su juicio "es verdad" que el Gobierno trata mejor a los terroristas que a los guardias civiles.

"No hay más que mirar las hemerotecas y se puede comprobar que las manifestaciones de Batasuna siempre la prohíbe un juez, mientras que las nuestras las prohíbe directamente la Delegación del Gobierno", denunció.

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