Dacio Alonso destaca que la práctica realizada por promotores y constructores durante 15 años es "abusiva" e "ilegal". Espera que se inicie pronto el juicio oral por prevaricación contra la ex concejal de Consumo de Oviedo y el ex director de la Omic.

El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE-Asturias), Dacio Alonso, ha anunciado este viernes que la organización prepara una campaña para reclamar, por la vía judicial, que se devuelva a unas 100.000 familias del Principado el impuesto de plusvalía, por un importe que supera los 100 millones de euros.

Alonso explicó que durante los últimos 15 años, promotores y constructores de todas las viviendas vendidas en Asturias "obligaron a pagar ilegalmente al comprador de la vivienda" el citado impuesto que debe pagarlo la persona, empresa o entidad que vende.

Por ello, desde la UCE se incide en que los Tribunales consideran que la práctica realizada por las promotoras es "abusiva" y por tanto, la Unión de Consumidores defiende que las familias deben recuperar las cantidades pagadas, que oscilan entre los 400 y los 5.000 euros.

De este modo, apuntó que en noviembre, mes en el que espera disponer de una sentencia firme sobre el caso de Comamsa por el cobro de plusvalías a los compradores de pisos en un inmueble de Oviedo, la UCE iniciará "una campaña por toda Asturias para intentar recuperar más de 100 millones de euros, que es el importe que los promotores y constructores cobraron a los compradores de vivienda en los últimos 15 años".

"No hay un solo promotor o constructor en Asturias que no impusiese de una forma obligatoria el pago de la plusvalía al comprador de la vivienda", remarcó. "La UCE hará una campaña específica localidad por localidad para que estas personas que pagaron ilegalmente ese impuesto recuperen esas cantidades", añadió.

Juicio oral por prevaricación y más agenda

Dacio Alonso informó de la campaña durante una rueda de prensa en Oviedo en la que también dio cuenta de la agenda judicial de la UCE para el próximo trimestre. Asimismo, afirmó que los tribunales parecen ser la única vía que garantiza la defensa de los derechos de los consumidores ante una "falta de voluntad política" de las Administraciones para proteger al ciudadano de abusos de entidades privadas o públicas.

Entre las citas pendientes ha destacado, por vía penal, el juicio oral por delito continuado de prevaricación contra la ex concejal de Consumo del Ayuntamiento de Oviedo, Concepción García, y el ex director de la OMIC, Alejandro Álvarez, que espera que se inicie en los próximos tres meses.

Del mismo modo, por vía civil la UCE ha denunciado en los juzgados de Avilés la práctica de varias aerolíneas que operan en Asturias, tales como Iberia, Air Europa, Easyjet y Vueling, para que dejen de utilizar líneas de teléfono '807' para la atención al cliente ya que suponen costes "abusivos" a los usuarios y "un fraude manifiesto".

Asimismo, espera la resolución a una petición de impugnación de un Laudo de la Junta Arbitral de Consumo de Avilés avalando la decisión de un concesionario que ponía cláusulas "abusivas" a los clientes; y conocer el recurso del parking de Foncalada (Oviedo), contra una sentencia de cláusula abusiva que cobraba por acceder y circular por el aparcamiento.

Además, Dacio Alonso indicó que está pendiente de resolución el recurso al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) por parte del Ayuntamiento de Oviedo de la sentencia que acusa al Ayuntamiento de Oviedo de "convertir a la ciudad de Oviedo en refugio de proveedores de bienes y servicios que saben que hagan lo que hagan su ayuntamiento nunca les va a sancionar". También en la vía contenciosa aspira a que se resuelva antes de fin de año el juicio contra el Ayuntamiento de Gijón por archivar una denuncia de la UCE contra una tienda de mascotas alegando falta de competencia.