La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha anunciado que emprenderá medidas legales contra el nuevo criterio de endeudamiento anunciado este miércoles por la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, por considerar que se trata de "una argucia electoral" que "incurre en arbitrariedad" y "vulnera" los principios constitucionales de seguridad jurídica y de suficiencia financiera.

Barberá ha criticado en rueda de prensa la decisión del Ejecutivo estatal de abrir la puerta a que se endeuden los consistorios con una deuda inferior al 75 por ciento de sus ingresos y ha reivindicado que "el límite legal de endeudamiento se sitúa en el 110 por ciento de los ingresos corrientes" y que, de hecho, esa barrera se elevó al 125 por ciento en la ley de Presupuestos de 2009.

La primera edil ha señalado que el consistorio valenciano cerró el pasado ejercicio con un endeudamiento del 105,98 por ciento y presenta en la actualidad una tasa del 109 por ciento, por lo que está "dentro de la ley". "Es uno de los ayuntamientos más saneados, es solvente, responsable y riguroso", así como "ejemplo de rigor, de contención del gasto y de prestación de servicios", ha sentenciado.

Así, ha acusado al Ejecutivo socialista de cometer "una nueva arbitrariedad irresponsable" para "hacer llegar recursos a Barcelona y a Sevilla" y "ganar votos" en ambas ciudades porque "sabe con certeza que va a perder esos gobiernos" en las próximas elecciones y, "a la vez, desprestigiar a Madrid y Valencia, que son los dos grandes feudos seguros del PP, que el Gobierno sabe que no va a tener".

Barberá se ha preguntado "¿cómo es posible castigar a quién cumple la ley" y, en concreto, "¿por qué el 75 por ciento?" como límite para permitir ese mayor endeudamiento. "¿Por qué no el 68 o el 83 por ciento? O mejor, ¿por qué no el índice que marca la ley, que es el 110 por ciento y, este año, de manera excepcional, el 125 por ciento?", ha insistido.

Ha reprobado asimismo que el anuncio constituye "un nuevo bandazo" del Ejecutivo estatal en materia de financiación local que, a su juicio, "tampoco será el último", a pesar de que precisamente la administración local "es la que menos endeudada está" dado que representa "sólo el 5 por ciento del endeudamiento total".

"Desde luego, esta medida no la podrían aplicar al Gobierno porque está bastante más endeudado que el 75 por ciento de los ingresos", ha agregado la alcaldesa, quien ha acusado el Ejecutivo de hacer uso de "prepotencias propias de repúblicas bananeras o de sistemas muy autoritarios, no de una democracia estable y con seguridad jurídica".

Barberá ha comentado que ya ha abordado este tema "con tres o cuatro alcaldes" y ha asegurado que "todo el mundo está indignado con esa arbitrariedad y sin entender qué esta pasando y por qué, de repente, se fija un porcentaje arbitrario", por lo que, según ha dicho, también esos alcaldes estudian emprender acciones legales.

"no somos súbditos,

Sino ciudadanos"

"Yo estoy dispuesta a recurrir donde haga falta y a emprender todas las acciones para defender el fuero municipal y la condición de ciudadanos, porque no somos súbditos, sino ciudadanos, y voy a defender el derecho de los valencianos a ser tratados en igualdad de condiciones respecto al resto de los españoles", ha sentenciado.

Barberá ha criticado también que otros ayuntamientos presentan bajos niveles de endeudamiento porque "tienen la deuda centrifugada, es decir, la depositan en otros entes y, así, no cuenta". "O será que les ha llegado dinero desde agencias estatales para, por ejemplo, gestionar los terrenos de la antigua Expo", ha añadido.

Además, ha alertado de que ese nuevo criterio de endeudamiento municipal afectará a 7.233.000 españoles, dado que sus consistorios no podrán contratar préstamos para el próximo ejercicio, una cifra que supone el 15 por ciento de la población.

"enemistar a los ayuntamientos"

Por último, ha acusado al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, de dedicarse a "enemistar a los ayuntamientos y a defender los intereses de Ferraz por encima del interés general de los consistorios" por haber valorado este anuncio, y ha reprobado que, "aunque esos nuevos fondos se supone que son para inversiones y no para gasto corriente, Castro habla de financiar programas que pertenecen a políticas sociales".