"Ésta es la típica historia de caciquismo en la que los jefes militares se creen que están por encima de la ley". Los sindicatos policiales SUP y CEP, y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) han pedido la dimisión del general de la Benemérita Miguel Martínez García, al mando de la zona de Canarias.

El general quiere que se sancione a un agente que hizo bien su trabajo

El general ha pedido por carta a la Jefa Superior de la Policía en Canarias, Concepción de Vega, que castigue al inspector jefe que detuvo a la mujer de otro general, en este caso del Ejército de Tierra, por un delito contra la seguridad del tráfico. "El general quiere que se sancione a un agente que hizo bien su trabajo, por el mero hecho de que la denunciada es mujer de un amigo", señalan fuentes sindicales.

Y eso que el juez ha dado la razón al inspector jefe, destinado en homicidios. Todo ocurrió el 25 de junio. Ese día, la esposa del general del Ejército, Francisco Martín Alonso, recorrió dos kilómetros en sentido contrario en una carretera de Las Palmas, poniendo en grave peligro la seguridad de otros conductores y vehículos, entre ellos el del inspector.

El ayudante del marido

Tras parar su coche para no colisionar con otros, lo primero que hizo la conductora fue llamar a su esposo militar. El primero en personarse fue un teniente coronel, ayudante de su marido, que quiso llevarse a la mujer. Algo que impidió el inspector jefe, que llamó a una patrulla de la Policía Nacional. Pero antes apareció otra patrulla de la DGT que, tras hablar con el militar, intentó ponerle una multa a la mujer y permitir que se fuera. No fue posible. La patrulla de la Policía se la llevó detenida.

Dos día después, en un juicio rápido, la mujer reconoció los hechos y aceptó una pena de cuatro meses de cárcel (no irá a prisión) y un año y medio de retirada del carné. Después, puso una querella al inspector por detención ilegal. "Cómo va a ser detención ilegal si ha reconocido los hechos y la pena impuesta del juez", señalan las mismas fuentes.

SUP, CEP y AUGC han pedido a Interior y a la Fiscalía que investiguen al general de la Benemérita por "tratar de influir y presionar a mandos de la Policía para que procedan contra el inspector jefe", por si fuera motivo de delito. Un informe de la Abogacía del Estado y otro interno de la propia Jefatura de Canarias reconocen que el inspector actuó correctamente, ya que la Policía tiene facultades para perseguir delitos viales.

"Estimada amiga Purina"

Así empieza la carta que el general Martínez García envió el 2 de julio a la jefa policial de Canarias. En la misiva, a la que ha tenido acceso 20 minutos, el mando de la Benemérita asegura que "ninguna norma habilita a los miembros de la Policía, ni técnica ni jurídicamente, a la instrucción de diligencias por delitos de tráfico" y pide a Concepción de Vega: "Conociendo tu habitual buen criterio, que tomes las medidas apropiadas con el personal implicado".