La Ley de Custodia Compartida, que comienza a aplicarse este miércoles, 8 de septiembre, "paliará la litigiosidad" entre los ex cónyuges, según ha afirmado en rueda de prensa la diputada autonómica del Partido Aragonés (PAR) María Herrero.

La parlamentaria ha expresado que el de hoy es "un día para la esperanza" para muchas familias y ha recordado que en los matrimonios que se separan los menores "no tienen la culpa" de que sus padres no continúen juntos.

A esto ha añadido que, precisamente, el derecho a la custodia compartida permite separar el cuidado y la crianza de los hijos menores de la parte "material" de la separación, tras lo que ha comentado que la ley se puede aplicar a todas las parejas separadas y divorciadas, independientemente del año de separación.

Herrero ha indicado que Aragón se ha convertido en un "referente" para otras Comunidades autónomas, como el País Vasco, Madrid, Castilla-León, así como varios ayuntamientos y el Senado, que se han pronunciado a favor de regular la custodia compartida. Ese es el "granito de arena" que ha aportado el Partido Aragonés (PAR) y las Cortes autónomas, ha señalado.

Herrero ha agregado que la Comunidad autónoma ha podido regular esta materia gracias a la pervivencia del Derecho Foral y a "la existencia del PAR".

Según la diputada regionalista, el Departamento de Justicia del Gobierno de Aragón es "plenamente conocedor" de la situación y sus consecuencias para el personal de la Administración de Justicia. "Veremos a ver qué sucede", ha indicado.

El portavoz del grupo del PAR en las Cortes de Aragón, Javier Allué, ha recordado que "antes se decidía de una forma automática" y "queremos cambiar esa tendencia", según la cual la mujer recibía la custodia de los hijos menores en la práctica totalidad de los casos.

Aplicación personal

Esta ley se aplica desde hoy a todos los aragoneses que deseen hacer uso de ella, ya que la aplicación es personal. Así, podrán acogerse todas las personas con vecidad civil aragonesa, ya que esta condición es la que permite tener la condición política de aragonés, según el Estatuto de Autonomía de 2007, actualmente vigente.

Tienen vecindad civil aragonesa aquellos nacidos de padres que tengan tal vecindad, así como todas aquellas personas que hayan residido durante diez años en un municipio aragonés, salvo que hubieran comunicado al Registro Civil su voluntad de conservar su anterior vecindad civil.

También pueden adquirirla aquellos ciudadanos que comuniquen al Registro Civil su deseo de adquirir la vecindad civil aragonesa tras residir dos años en la Comunidad autónoma.

Los aragoneses que se hayan trasladado a otra Comunidad autónoma conservarán su vecindad civil y continuarán sujetos al Derecho Foral Aragonés, pero pasados diez años perderán su condición civil de aragoneses y adquirirán la de la nueva Comunidad autónoma, salvo que antes de cumplirse este plazo manifiesten en el Registro Civil su voluntad de mantener la vecindad aragonesa.