Enfermos del riñón de Granada están organizando protestas contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por la posible privatización de un centro de diálisis que, según entienden, no será el primero que deje de ofrecer un servicio público en la provincia "ante los planes de la Junta de Andalucía".

Así, más de un centenar de afectados están recogiendo firmas contra lo que ven como algo que tendrá "consecuencias muy negativas" para su atención médica y no descartan concentraciones a las puertas de los hospitales granadinos si la Administración no rectifica y vuelve a ofrecer el mismo servicio público que hasta ahora se prestaba en el Centro de Diálisis Nevada, ubicado en el barrio granadino de La Chana.

Según informó a Europa Press la portavoz de los afectados, Sara Quesada Cabello, el cese anunciado por el SAS el próximo 1 de octubre del contrato de los dos nefrólogos que hasta ahora trabajaban en el Nevada abrirá una época de "incertidumbre" para los enfermos que tienen que ser sometidos tres días a la semana a tratamiento conectados a una máquina de hemodiálisis. De hecho, a partir de esa fecha trabajarán en el centro dos médicos privados que, entre otras cosas, no podrán hacer recetas a los enfermos —que tendrán que acudir otro día más a otro médico—, no tendrán acceso a la red pública del SAS, ni por lo tanto a las historias clínicas de los pacientes, y tampoco podrán concertar citas con otros especialistas de la pública.

"Eso no beneficia a los pacientes ni a los familiares, teniendo en cuenta que muchos de estos enfermos son dependientes. Además, a esto se suma que los dos médicos que van a cesar son dos excelentes profesionales y personas, algo muy valorado entre los enfermos, que se tiran media vida en los hospitales y en las diálisis", explicó Cabello Quesada, que envió el pasado 27 de agosto una carta al gerente del Hospital Clínico San Cecilio —del que depende el Nevada— para pedirle explicaciones.

En ese escrito, facilitado a Europa Press, los 160 afectados por la "privatización", que la Gerencia ha calificado como "externalización", se preguntan cómo puede beneficiarles la reducción de plantilla en el centro y la sustitución de profesionales públicos por privados. Además, sostienen que "las políticas de sanidad no deberían elaborarse sólo en los despachos, sino también favoreciendo la participación y compartiendo las necesidades de todas esas personas que, por imperativo de nuestra enfermedad, nos vemos obligados a generar gastos a la sanidad pública".

"Somos conscientes del esfuerzo que en tiempo de crisis tenemos que hacer los andaluces para que nuestra sanidad se mantenga a flote y mantenga también los estándares de atención y calidad que le caracterizan, pero no podemos permitir ningún paso atrás privatizando de una u otra manera nuestro sistema de salud pública", indican en la misiva.

Los pasos que darán a partir de ahora será trasladarle sus quejas a la delegada provincial de Salud, Elvira Ramón, y también a la consejera del ramo, María Jesús Montero, a la que no descartan pedir una reunión si sus reivindicaciones no son contestadas.