El sindicato CCOO-A interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el decreto ley 5/2010 de la Junta de Andalucía de reordenación del sector público del Gobierno andaluz, alegando "fraude de ley" en el proceso y la forma de elaboración del decreto ley.

Según indicaron a Europa Press fuentes de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-A, dicho recurso se presentó ante la sala de lo Contencioso Administrativo de Sevilla contra el decreto ley 5/2010 por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, dictado por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta.

En sus exposiciones de motivos, el sindicato explicó que recurre por fraude de ley, al emplear la fórmula de decreto ley para acometer dicha reordenación toda vez que "al utilizar este instrumento ha eludido la negociación con los sindicatos", cuando, a juicio de la central sindical, "no había urgencia para emplear dicha fórmula".

Las fuentes precisaron que este tipo de reformas deben estar sujetas a negociación, por lo que al haberse aprobado por decreto ley "se ha eludido e incumplido el Estatuto Básico del Empleado Público".

En ese sentido, apuntaron que la Junta "ha violado el artículo 9 de dicho Estatuto Básico al encomendar la ejecución y el ejercicio de potestades administrativas al personal no funcionario".

Otros recursos

El recurso ante el TSJA de CCOO-A se suma a otros presentados por otros sindicatos, como CSIF, cuyo recurso fue admitido a trámite tras ser presentado por la vía especial de protección de derechos fundamentales". En dicho recurso se pedía la nulidad del acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta donde se impulsó y se aprobó el decreto ley de reordenación y a la vez el sindicato pidió, como medida cautelar, la suspensión de dicho acto.

Asimismo, la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT-A presentó el 11 de agosto ante la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA el recurso contencioso-administrativo contra la reordenación de las empresas públicas de la Junta de Andalucía, donde pide la nulidad del decreto ley. Dicho recurso presentado sigue el procedimiento especial y en él se pide la nulidad del decreto ley de reordenación del sector público andaluz.