El Gobierno ha dado este viernes luz verde al proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, por el que no se permitirá la venta en el ámbito escolar de alimentos y bebidas que no cumplan con una serie de criterios nutricionales, que se establecerán reglamentariamente.

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha resaltado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, por primera vez, se introducen en una ley española aspectos relacionados con la promoción de hábitos saludables de alimentación así como "la prohibición de discriminación por obesidad".

Jiménez ha dicho que esto es especialmente relevante si se tiene en cuenta que, según la Encuesta Nacional de Salud, uno de cada dos adultos está obeso o tiene sobrepeso, siendo ésta la segunda causa de muerte evitable en el mundo después del tabaco.

Sanidad ya había tomado medidas a este respecto con la orden de retirar de los centros de primaria las máquinas expendedoras de bollería y refrescos y de limitar en los de secundaria la venta de ciertos alimentos.

Estas medidas son urgentes dado que, entre los menores, el 9,13% tiene obesidad y el 18,48%, sobrepeso, lo que significa que uno de cada cuatro niños tiene exceso de peso.

La titular de Sanidad ha precisado que el tratamiento de las enfermedades derivadas de este problema nutricional conlleva un gasto de un 7% del Sistema Nacional de Salud, lo que supone unos 2.500 millones de euros.

La ley también obliga también a la industria alimentaria a minimizar el contenido de grasas trans ya que se ha demostrado que son perjudiciales para la salud, para lo que el texto establece la obligación de las industrias de utilizar tecnologías e ingredientes que minimicen el contenido de dichas sustancias en la cadena alimentaria.

En cuanto a la alimentación en el ámbito escolar, la ley propone que los responsables de supervisar los menús escolares serán profesionales acreditados en las áreas de Nutrición Humana y Dietética, con el objetivo de que la "oferta alimentaria sea variada y adecuada a las necesidades nutricionales de los alumnos".

Igualmente, los centros escolares proporcionarán a los padres o tutores información detallada sobre las calorías y nutrientes de los menús así como unas directrices para que la cena sea complementaria. Del mismo modo, las instalaciones que lo permitan se elaborarán menús escolares adaptados a las necesidades especiales de los alumnos que padezcan alergias e intolerancias alimentarias.

En lo que respecta a la publicidad de alimentos, se establece que los centros escolares estarán "libres de publicidad" salvo en aquellos casos en que las autoridades escolares y sanitarias estimen que es beneficioso para los alumnos.

La ley introduce por vez primera la prohibición de discriminación por razón de obesidad o sobrepeso. Además, está prevista la creación de un Observatorio de la Nutrición y el Estudio de la Obesidad que realizará análisis periódicos de la situación nutricional de la población y de las cifras de obesidad.