Los secretarios generales de CCOO-A, Francisco Carbonero, y UGT-A, Manuel Pastrana, respectivamente, pidieron a la Junta que sea "beligerante" y que "presione" al Gobierno para que éste mantenga las ayudas a la vivienda protegida.

Carbonero aseguró al Gobierno andaluz que cuenta con CCOO para que "presione y exija" al Gobierno central con la idea de que "no se eliminen esas ayudas", toda vez que, a su juicio, "es una injusticia tremenda y además hay una Ley de Vivienda consensuada y aprobada por el Parlamento andaluz, que supone un instrumento muy válido para cubrir las necesidades de vivienda y reactivar económicamente al sector de la construcción".

Por ello, el dirigente sindical explicó que en la reunión mantenida el pasado jueves con la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, el sindicato pidió a la Junta que "presione y exija", al igual que se lo pidió al PSOE-A "que tiene un importante peso ante el PSOE estatal para empujar en ese sentido", toda vez que, a su juicio, "Andalucía está en una situación muy difícil y debe tener posibilidad de reactivar su economía y mejorar la calidad de vida y acabar con las deficiencias en materia de vivienda".

Por su parte, Manuel Pastrana indicó que UGT-A le ha hecho llegar a la Junta que debe ser "beligerante" ante el Estado, "especialmente porque Junta, sindicatos y empresarios no hemos aceptado en materia de vivienda sólo un compromiso teórico en relación con el acceso a la vivienda, sino que se ha legislado el derecho a la vivienda de los andaluces".

"La Junta tiene un compromiso que va más allá de la voluntad o del deseo sino que tiene la obligación de proporcionar una vivienda a quienes no tienen medios por sí mismos", aseveró Pastrana, para el que el Gobierno andaluz "debe ver en sus próximos presupuestos los mecanismos para cumplir los compromisos adquiridos en el Plan de Vivienda andaluz".

Asimismo, criticó los niveles de fraude fiscal existente en la Comunidad, donde "no es admisible que los empresarios andaluces hayan declarado como ingresos de media 6.000 euros menos que sus trabajadores".

Por ello, consideró que "no estaría mal que la Junta pusiera en marcha con urgencia medidas para la persecución del fraude fiscal existente en la Comunidad".