La Fiscalía Superior de Andalucía y la Consejería de Educación han suscrito este jueves un protocolo de colaboración para establecer mecanismos de cooperación para garantizar la investigación eficaz de los delitos y faltas cometidos en el ámbito escolar, concretamente en materia de protección del profesorado en caso de agresiones, en el proceso de escolarización, absentismo escolar y seguridad vial.

El acuerdo, rubricado en Granada por el fiscal superior, Jesús García Calderón, y el consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, permitirá "mejorar" la información acerca de las conductas delictivas en la escuela, superar las "carencias" en la estadísticas al respecto, y conocer mejor el problema, que genera además una "mala imagen del sistema" a superar, a pesar de que no son muy numerosos los casos registrados en Andalucía.

La firma del protocolo, según informó Álvarez de la Chica, se ha producido después de que el pasado mes de abril tuviera lugar en Sevilla un primer encuentro entre ambas instituciones, al que siguió, ya en junio, la constitución de cuatro grupos de trabajo específicos integrados por técnicos de la Consejería y fiscales de Menores y de Seguridad Vial de toda Andalucía.

El primero de ellos, dirigido a proteger al profesor de las agresiones, tiene además como objetivos recuperar el prestigio social de los docentes y "garantizar un seguimiento eficaz y rápido de los delitos y faltas cometidos" contra ellos, que ya son calificados por la Fiscalía como "atentado a la autoridad". Además, según recordó el consejero, los Reglamentos de Organización de los Centros Públicos, que entran en vigor este año, ya recogen por primera vez una carta de derechos del profesorado y medidas específicas para su protección. El grupo tiene prevista una nueva reunión el 23 de septiembre.

El segundo de los grupos constituidos tiene como función propiciar que el proceso de escolarización y de asignación de plaza sea "impecable" y no pueda dar lugar a un fraude que, aunque sólo supone el 0,3 por ciento de los casos en Andalucía, ha de ser vigilado y controlado, consideró Álvarez de la Chica, que indicó que su Departamento trabaja con la Fiscalía para "afinar" el modelo.

Hacer un seguimiento del absentismo escolar y evitar en consecuencia el fracaso escolar centra la actividad del tercero de los grupos, que volverá a reunirse también el 23 de septiembre, y prevenir las actitudes delictivas de los jóvenes en materia de seguridad vial es la finalidad del cuarto, que también pretende conseguir "un escenario de mejora".

Paralelamente a la constitución de estos grupos se ha nombrado a un fiscal que coordine las cuestiones relacionadas con los menores en el ámbito andaluz. Se trata del actual fiscal de Menores de Granada, José Rogelio Muñoz Oya, según informó el fiscal superior, que indicó además que éste contará con el apoyo de la Sección Territorial de la Fiscalía de Sevilla.

Para García Calderón, la firma del convenio obligará a la Fiscalía a coordinarse internamente "de manera muy intensa", especialmente en Menores y Seguridad Vial, pero también entre las propias Fiscalías Provinciales, sobre todo en lo relativo a la calificación de las agresiones a profesores como atentado a la autoridad, si la agresión la comete un adulto, porque, en el caso de que sea el menor el que ejerza la violencia, se podrá aplicar el principio de oportunidad reglada, si se considera que la acción penal puede afectar a sus intereses.

La Fiscalía, que siempre será informada por la Consejería cuando se detecte un posible caso de violencia contra el docente, tiene como objetivo lograr con los cuatro grupos ya constituidos una imagen global y un análisis de la delincuencia en el ámbito escolar y prevé "en un plazo razonable" presentar ante el Parlamento andaluz un informe al respecto.

"La imagen del sistema tiene que mejorar, porque este tipo de noticias, por pequeñas que sean, afectan muy negativamente", consideró el consejero, que insistió en que "si la violencia es reprobable en cualquier ámbito, lo es doblemente en el educativo".